El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha intervenido en la Comisión de Fomento del Parlamento de Andalucía para hablar sobre la conocida como ley Lista (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), la nueva normativa urbanística que la Junta pretende aprobar en cuanto sea posible. Uno de los principales planteamientos del CMC tiene que ver con las características propias que en cuanto a urbanismo tiene una ciudad como Córdoba, más allá de que la ley sea autonómica.

Y es que el organismo presidido por Juan Andrés de Gracia ha pedido que la ley no deje fuera a los 50.000 cordobeses que viven en parcelaciones irregulares en la ciudad, concentrados en unas 11.000 viviendas perteneciente a más de un centenar de urbanizaciones.

Durante la intervención, el Movimiento Ciudadano valoró el control sobre esta realidad que han ejercido tanto el PGOU de la ciudad como la ley urbanística vigente, la LOUA. Sin embargo, ambos marcos normativos, entienden, "han fracasado en la regularización o dotación de servicios" a estas viviendas. Esto quiere decir, ha incidido el CMC, que "miles" de cordobeses se enfrenten actualmente a "problemas de higiene, salud y de carácter social sin que se les abra una solución".

Desde el Movimiento Ciudadano han incidido en que las parcelaciones irregulares no son algo exclusivo de Córdoba, pero sí han recordado que el caso cordobés es "singular" porque las parcelas suponen la primera vivienda para alrededor del 60% de sus ocupantes.

El colectivo también ha apuntado que si bien se han introducido cambios en el PGOU para poder poner solución a este problema, o bien esos cambios han sido desestimados "por Sevilla" o bien han supuesto mejorías para muy pocas personas que, además, "han quedado atrapadas en la trampa de la ordenación urbanística tan compleja y costos", mientras el resto "sobreviven con pozos de agua, enganches y saneamiento irregulares que ponen en riesgo la vida de las personas y que afectan gravemente al medio ambiente".

La clave está, para el Movimiento Ciudadano, en que no se puede buscar una solución "partiendo de ordenar el suelo" cuando ese suelo ya está ocupado. Por lo que considera que el acceso a servicios básicos como el agua potable o la electricidad no puede supeditarse a cumplir un procedimiento urbanístico "cuando este ya ha sido vulnerado".

El CMC reconoce, en cualquier caso, que los moradores "tienen su responsabilidad", pero también han manifestado que "no pueden ser condenados a malvivir por más años" cuando "los promotores, los especuladores, salieron indemnes bajo la pasividad, cuando no complicidad de administraciones y representantes de la legalidad".

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, ha informado de que el objetivo último es conseguir la introducción de enmiendas en plazo, para lo que han contactado con todos los grupos del Ayuntamiento. Y es que, ha advertido De Gracia, de no cambiarse ciertos aspectos del borrador, la nueva ley urbanística "no sería útil para Córdoba".