Novedades en el presunto delito urbanístico que afecta a la exalcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, y que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba. Un nuevo informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba, publicado hoy por ABC y remitido al juzgado que pidió más informes, afirma que Isabel Ambrosio no invadió una vía pecuaria --como sostenía este organismo en su primer informe-- porque los terrenos que colindan con su casa, ubicada en la Estación de Obejo, tienen calificación industrial. Este argumento es precisamente el que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba ha sostenido desde que se destapó el caso en el que ella está imputada por la construcción sin licencia de varias obras, como un zuncho, muros y una piscina en una finca familiar, tal y como ha vuelto a recordar hoy al reiterar que confía en el archivo de su causa. Este nuevo informe de la Diputación, que diría lo contrario a lo apuntado por otras administraciones afectadas y que también han elevado informes al juzgado como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Obejo,e clave para determinar si las obras realizadas por Ambrosio invadieron o no suelo protegido y público (una vía pecuaria) o suelo industrial. Esa dicotomía afectaría de lleno a la imputada, ya que en el primer caso estaríamos hablando de un delito contra la ordenación del territorio y en el segundo de una simple multa en el peor de los casos para Ambrosio.
Cabe recordar que el juzgado de Instrucción número 3 de Córdoba llamó a declarar en marzo a Isabel Ambrosio y abrió diligencias contra ella y su marido por un presunto delito contra la ordenación del territorio, por una obra que habrían acometido en una finca de su propiedad, compuesta por dos parcelas catastrales ubicadas entre los términos municipales de Obejo y Villaviciosa. Una parte de la finca estaría ocupando, según algunos informes, un terreno de dominio público y especial protección, al formar parte de la vía pecuaria de la antigua Cañada Real Soriana. La Fiscalía envió al juzgado la denuncia sobre la supuesta comisión de un delito urbanístico por haber construido, sin que constara licencia y en un terreno de especial protección, un zuncho (una zanja), como reconoció la portavoz socialista. No obstante, en la denuncia policial que activó esta causa se advertía también de la construcción de muros "con unas medidas aproximadas de 70 metros” y de una piscina de 7x4 metros con escalera. En su defensa, Ambrosio presentó alegaciones sobre la construcción del zuncho ya que las diligencias se centran en esa obra y entiende que el resto de reformas que se llevaron a cabo --por ejemplo, la piscina, que ya existía, pero ha sido remodelada-- son "legalizables".
El primer informe de la Diputación
En el primer informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo (SAU) de la Diputación de Córdoba, realizado a petición del Ayuntamiento de Obejo tras conocer la denuncia policial, se recomendó al Consistorio paralizar la obra y adoptar medidas cautelares previstas en el artículo 42 del Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía. Dicho informe sostenía que algunas de las actuaciones realizadas eran "incompatibles con la ordenación urbanística" y que se podría haber infringido el artículo 219 de la LOUA por infracción grave. Otras, como la de la piscina, se consideraban "compatibles con la ordenación urbanística" si bien podrían ser constitutivas de una infracción urbanística. Además, la Diputación recogía que las obras se hicieron "sin licencia" y se recomendaba al Consistorio de Obejo iniciar un procedimiento sancionador para la reposición de la realidad física alterada en la parcela donde se ejecutó el zuncho.
Los grupos provinciales
Al respecto, el Grupo Popular en la Diputación, por medio de su portavoz, María Luisa Ceballos, ha señalado que no conoce el contenido de dicho informe, pese a haberlo pedido en el Ayuntamiento, donde no se les ha facilitado y que seguirán insistiendo para conseguirlo y poder valorar ese cambio se criterio del SAU.
Por su parte, Esteban Morales, del PSOE, ha puesto de manifiesto que al ser informes técnicos que van dirigidos a un asunto judicial, no va hacer ningún tipo de valoraciones al respecto.
