La concejal del grupo municipal socialista Alicia Moya ha vuelto a reclamar hoy que se reúna el Consejo de la Discapacidad y Patología Minoritarias, un órgano incluido dentro de los órganos reglados y participados del Ayuntamiento de Córdoba, para abordar cuestiones como la parálisis de el Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Córdoba. Para la representante socialista, este órgano “debe analizar y debatir” sobre asuntos pendientes que afectan a esta materia, como por ejemplo la parálisis de la OPE por incumplir con la obligación legal de reserva de plazas para personas con discapacidad. “Hay muchos colectivos que nos han trasladado su inquietud por la decisión tomada en su día y por esta situación que, a día de hoy y hasta donde sabemos, sigue enquistada y no se ha resuelto judicialmente”, ha explicado Moya.
“Ya sabemos que para el gobierno de Bellido no es una prioridad respetar el reglamento y los órganos de participación ciudadana, pero que un criterio sobre las plazas de discapacidad mantenga paralizada toda la Oferta Pública de un Ayuntamiento con tanta necesidad de personal debería hacerles dejar la soberbia a un lado y escuchar a los afectados su opinión, propuestas y necesidades”, ha explicado.
Tal y como ha explicado en el documento que ha registrado por escrito, el PSOE lleva denunciando desde diciembre del 2020 la decisión del Gobierno Municipal de no convocar el Consejo de Discapacidad. Desde hace 6 meses está a la espera del informe que desde la delegación de Inclusión se han comprometido a realizar para justificar una decisión que “desprecia el potencial que tiene un órgano donde la puesta en común y colaboración entre asociaciones y Ayuntamiento pueden multiplicar las propuestas de mejora del día a día de quien a diario se encuentra con continuos obstáculos”, ha señalado Moya. De hecho, en la última Comisión de lo Social, celebrada el día 6 de mayo, seis meses después de la primera petición, se confirmó que el informe aún no está listo.
El problema de la OPE
El fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores, Fernando Santos, hizo suya la oposición realizada por la Junta de Andalucía a la propuesta de distribución de reserva de plazas para personas con discapacidad realizada por el Ayuntamiento de Córdoba relativa a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2020. En un escrito fechado el 8 abril, el fiscal se dirige al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 para adherirse igualmente a la ampliación del objeto del recurso en los mismos términos que solicitó la Junta, al considerar que la nueva reserva de plazas hecha por el Ayuntamiento seguía vulnerando «claramente los principios de no discriminación, plena inclusión y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público».
El problema radica en el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad en Policía local, Bomberos, plazas ocupadas por funcionarios de empleo interino y personal laboral temporal, así como personal indefinido no fijo. Tanto el letrado como el fiscal no entienden la distribución realizada en el cuerpo C2 (auxiliar administrativo) en dos grupos distintos (21 plazas y 10 plazas, respectivamente) individualizando para cada grupo los códigos de las plazas, en las que se realiza y en las que no, reserva de plazas, «salvo que lo que se pretenda es favorecer el acceso a determinadas plazas que pudieran hallarse ocupadas por personal interino, lo que de suyo sería una mayor vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad».
