El fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores, Fernando Santos, asume, se adhiere y hace suya la oposición realizada por la Junta de Andalucía a la propuesta de distribución de reserva de plazas para personas con discapacidad realizada por el Ayuntamiento de Córdoba relativa a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2020. En un escrito fechado el 8 abril, el fiscal se dirige al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 para adherirse igualmente a la ampliación del objeto del recurso en los mismos términos que solicitó hace unos días la representación de la Junta, al considerar que la nueva reserva de plazas hecha por el Ayuntamiento seguía vulnerando «claramente los principios de no discriminación, plena inclusión y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público». El fiscal también considera que la distribución de plazas efectuada por la junta de gobierno local resulta contraria a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas de las personas con discapacidad.

El problema radica en el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad en Policía local, Bomberos, plazas ocupadas por funcionarios de empleo interino y personal laboral temporal, así como personal indefinido no fijo. Tanto el letrado como el fiscal no entienden la distribución realizada en el cuerpo C2 (auxiliar administrativo) en dos grupos distintos (21 plazas y 10 plazas, respectivamente) individualizando para cada grupo los códigos de las plazas, en las que se realiza y en las que no, reserva de plazas, «salvo que lo que se pretenda es favorecer el acceso a determinadas plazas que pudieran hallarse ocupadas por personal interino, lo que de suyo sería una mayor vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad».

El fiscal también invoca los principios y directrices de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York 2006) y especialmente lo dispuesto en el artículo sobre el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones; y en el sector público, la obligación de velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

En la OPE del año 2020 (que se encuentra paralizada), el Ayuntamiento reservó primero 4 plazas para personas con discapacidad y luego, después del rechazo de la Junta, amplió a 17 de los 168 empleos ofertados.