El matrimonio formado por José Gálvez y Dolores Torralba lleva más de 21 años gestionando un par de atracciones que hay montadas en la plaza del Zoco y, tras un largo tiempo en el que han forjado una fuerte relación con los vecinos y los niños del barrio, tendrán que marcharse. La normativa, explica José Gálvez a este periódico, dice que no se puede estar más de cuatro años seguidos con una instalación de esta envergadura.
"Tengo todos los papeles en regla", comenta cabizbajo José, que explica que el contrato para poder ocupar este espacio público se solía renovar cada año, o cada seis meses (e incluso tres), según le dijeran en cada momento. Sin embargo, comenta este comerciante, hace pocos días recibieron la visita de la Policía Local, que les avisaba de que tenían que retirar las atracciones atendiendo a una normativa del año 2003, que impide su instalación durante más de cuatro años seguidos.
Por lo tanto, desde este lunes 3 de mayo a las 00.00 horas, José y Dolores ya no podrán abrir las taquillas. Pero temiendo que puedan surgir represalias legales, el matrimonio ha decidido no abrir ni siquiera este fin de semana. "No quiero que me metan en la cárcel", manifiesta José, que lamenta que no tiene otra cosa con la que subsistir y que reconoce que "vivo de prestado".
El cierre de los cacharritos ha movilizado a los vecinos del barrio, explica José, que le han propuesto incluso recoger firmas para intentar ayudar y buscar una alternativa. El matrimonio ha pedido que les dejen trasladarse a algún otro punto de la ciudad, les da igual el barrio, aunque con el Zoco existe una conexión especial, tanto que algunos niños "están llorando", explica José, porque saben que van a cerrar las atracciones.
El matrimonio se ha preguntado además que por qué ahora se saca a la luz una normativa que lleva vigente 17 años: "No sé qué político o quién, la verdad", se lamenta el hombre, que recuerda que ha pagado siempre las tasas que se le han pedido. "Habré pagado en estos años entre 70 y 80 millones de pesetas, con un millón solo ya me daría para comer un año", comenta resignado.
Fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) han explicado que "una cosa es la ocupación de vía pública ocasional y otra 20 años, eso se convierte en un uso privativo de un suelo público para disfrute de todos, incluidos vecinos, además jurídicamente pasaría a ser una concesión de concurrencia pública".
