El Ayuntamiento de Córdoba abrirá un procedimiento de información reservada sobre los contratos menores adjudicados en la Delegación de Infraestructuras, después de que Izquierda Unida haya puesto el foco sobre ellos anunciando que acudirán a la Fiscalía con al menos dos de esos contratos, que afectan una obra en la avenida de Libia para la sustitución del alumbrado. Según IU, en dichos contratos se podía haber producido un fraccionamiento del mismo, un delito de falsedad en documento público (por haberse certificado el final de obra antes de que concluyese) y otro de presunta prevaricación.
La portavoz municipal de Ciudadanos y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha sido la encargada de informar sobre esta decisión del equipo de gobierno, que responde a la promesa realizada la semana pasada por el alcalde, José María Bellido, de que el Ayuntamiento ofrecerá la máxima transparencia a requerimiento del Ministerio Fiscal, una vez que formalice su denuncia. Albás ha dado cuenta de que ha sido el mismo delegado de Infraestructuras, David Dorado, el que ha firmado el decreto para abrir el procedimiento de información reservada en la delegación que preside. Esta investigación será capitaneada por el titular de la asesoría jurídica, el letrado Miguel Aguilar.
Según Albás, que no ha querido valorar desde un punto de vista político las graves acusaciones vertidas por la oposición, se ha limitado a decir que la intención del gobierno municipal es arrojar “la máxima transparencia” sobre este asunto, así como la disposición de PP y Cs de ofrecer toda la información que requiera el fiscal sobre este asunto. En este sentido, la primera teniente de alcalde ha mostrado total respeto a los trámites judiciales y ha subrayado la necesidad de investigar y de esclarecer los hechos. “Lo que queremos es que se sepa en que estado se han encontrado los diferentes expedientes” de obras en la Delegación de Infraestructuras. La tesis del equipo de gobierno es que la única responsabilidad en este asunto es del técnico de Infraestructuras que firmó la certificación de obra y la adjudicación de dichos contratos.
Finalidad de un procedimiento de información reservada
La finalidad de los procedimientos de información reservada es aportar elementos de juicio al órgano competente, en este caso la Delegación de Infraestructuras, para fundamentar la decisión de incoar o no el correspondiente expediente disciplinario propiamente dicho al técnico municipal en cuestión. La información reservada se regula en el artículo 28 del reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la administración del Estado, que también es aplicable a la administración local. Asimismo está previsto dicho procedimiento en el artículo 55 de la nueva ley de procedimiento administrativo.
