El presunto cabecilla del caso Fénix ha afirmado este martes que "en absoluto, para nada" se puso de acuerdo con su padre (que también fue procesado, pero ha fallecido) en el establecimiento de un entramado societario con el que evitar el pago de impuestos en operaciones de compraventa de oro.
Este acusado, para el que el Ministerio Público ha solicitado penas que suman en torno a 384 años de cárcel (al igual que para su padre), ha sido el primero en declarar en el macrojuicio de la operación Fénix, que desde este martes ha sentado en el banquillo a 96 personas físicas (en tres casos, se ha acordado la prescripción de los cargos) y 26 empresas acusados de un presunto fraude a la Hacienda pública en el sector de la joyería, que habría sido orquestado desde Barcelona.
A preguntas de la fiscal, el encausado ha explicado que realizó labores de analista financiero asesorando a todas las sociedades vinculadas a su padre desde 1995. En este sentido, ha detallado que "mi labor consistía en tratar de anticiparme y optimizar el precio de compra", aclarando que intentaba conseguir un precio inferior al fijado en Londres.
Preguntado por si conocía a las personas que se dedicaban a la venta de metal en Córdoba, ha puntualizado que "yo no participaba en las ventas, las realizaba mi padre", sobre el que ha comentado que "era un vendedor extraordinario" y que "me utilizaba para las compras".
En su declaración, ha realizado numerosas alusiones a su necesidad de contextualizar los hechos, ha pedido a la fiscal en distintas ocasiones que le precise los periodos temporales de los hechos por los que le ha preguntado y también ha llegado a hacerle preguntas, e incluso ha formulado otras retóricas.
En distintas ocasiones, la jueza titular del Penal 4, Inmaculada Nevado, ha llamado la atención al interrogado, que para argumentar su falta de participación en algunos hechos ha llegado a consultar "¿Puedo hablar de cómo era mi padre?", manifestando a continuación que "iba absolutamente por libre" y que "para nada compartía información".
La primera sesión del juicio ha finalizado con la escucha de conversaciones telefónicas en las que el acusado abordaba distintas operaciones. Mañana se espera que siga prestando declaración por su presunta implicación en un fraude a la Hacienda pública.
Con este, se habrían dejado de abonar (por parte de los distintos procesados) 154 millones de euros entre los años 2002 y 2006 en operaciones de compra de oro. Así, el Ministerio Público cree que se llegaron a cometer 96 delitos fiscales.
Fuentes judiciales han indicado que 35 acusados se acogerán a su derecho a no declarar, por lo que, previsiblemente, se agilizará un juicio que en un primer momento se había previsto que se prolongara hasta el próximo mes de junio, contando con tres sesiones semanales.
En el primer día se han abordado las cuestiones previas. En líneas generales, las defensas se han ratificado en sus escritos de conclusiones provisionales, han planteado la prescripción de delitos para numerosos encausados y han solicitado la nulidad de acusaciones en distintos casos. Tanto la Fiscalía como la jueza han respaldado la extinción de los cargos imputados a algunos acusados.
También se han propuesto algunas cuestiones de carácter organizativo, como las declaraciones por videoconferencia o la llamada a declarar de algunos de los encausados que habrían dejado de serlo, pero que lo harán en calidad de testigos.
Dada la complejidad del juicio, se está celebrando en la sala 20 de la Ciudad de la Justicia, donde se han ubicado en torno a 56 abogados de la defensa y las acusaciones, mientras que los encausados lo están siguiendo desde las salas 18 y 19.
TRECE AÑOS DE TRABAJO
En el 2017, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba dictó el auto de apertura de juicio oral, se avanzó que este sería el mayor macrojuicio celebrado nunca en la ciudad.
Junto a las penas que se solicitan para los supuestos cabecillas por 96 delitos fiscales (como se ha citado, un padre y un hijo que presuntamente operaron desde Barcelona), las más reducidas son de dos años de prisión para siete encausados. Entre estos hay joyeros, trabajadores y contables.
Cabe destacar que las fianzas por responsabilidades civiles se sitúan en torno a 107 millones de euros, con cantidades individuales que van desde los 236.000 euros a los 25 millones de euros.
En cuanto a los hechos, de acuerdo con lo conocido hasta el momento la sociedad principal, ubicada en Barcelona, habría importado de Suiza oro fino que vendía sin transformar a mayoristas y fabricantes de joyería.
Al parecer, la empresa hacía figurar como destinatarios a otras firmas creadas por ella misma, con lo que justificaba sus ventas y ocultaba a los verdaderos compradores, que no aparecían en las facturas y eludían el pago de impuestos.
La Fénix cuenta entre sus hitos más destacados con la detención de 22 personas en una primera fase que tuvo lugar en noviembre del 2006. De estas, 14 fueron arrestadas en Córdoba; otra en Málaga; otra en Jaén y seis en Barcelona.
En julio del 2007, la Policía Nacional detuvo a 32 joyeros en la capital de Córdoba y a otros en Cáceres, Sevilla y Málaga como presuntos miembros de la red que habría defraudado a la Hacienda pública 154 millones de euros.
