La propuesta de crear una sociedad mercantil para prestar la ayuda a domicilio ha salido adelante en la comisión celebrada hoy con los votos a favor de IU, Ganemos, CTA, UGT y CGT y el comité de empresa, las abstenciones de PSOE, CCOO y Consejo del Movimiento Ciudadano, y el rechazo del PP. Ciudadanos y UCOR, por su parte, no han acudido a la comisión. Que se materialice o no la propuesta dependerá de lo que ocurra en las elecciones municipales y de quién gobierne tras las mismas, ya que no dará tiempo de ponerla en práctica antes. No obstante, y si se cumplen las previsiones dadas a conocer en la comisión, antes, en abril, tendrá que pronunciarse el Pleno. De momento, con el resultado de la votación -teniendo en cuenta solo el pronunciamiento de los grupos municipales-, la fórmula tiene complicado, por no decir, imposible, salir adelante si solo IU y Ganemos se pronuncian a favor (suman 8 concejales y el PP tiene 11, por lo que necesitarían más). Por lo tanto, ese pleno será clave.
El delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Juan Hidalgo, tras la reunión, ha indicado que durante todos los estudios y debates que se han producido durante el tiempo que ha durado la comisión "siempre hemos mirado el servicio desde tres prismas, la solvencia para el Ayuntamiento, la atención a los dependientes y los trabajadores que atienden el servicio", y "hemos visto que el mejor modelo es una sociedad mercantil de titularidad pública". "A partir de ahora", ha añadido, "iniciamos esa cuenta atrás y la comisión elevará al pleno de abril la propuesta".
La concejala de Ganemos Vicky López ha mostrado su satisfacción por el dictamen pero no ha ocultado la "sensación agridulce" que tiene porque "llega tarde", ya que "la comisión se estableció en febrero del 2017, con un plazo de seis meses, y han pasado más de dos años y no entendemos por qué se ha dejado para final de mandato, cuando sabemos que viene una época de incertidumbre bastante grande". De hecho, la edil ha invitado al PSOE a cambiar su voto y pronunciarse a favor para que salga adelante.
A pesar de la aprobación de la comisión, hay flecos por resolver como la subrogación de los trabajadores, que CTA ve "ineludible". El informe de la consultora F&J Martín se muestra partidario de la subrogación de los más de 900 trabajadores, pero hay otros que no la comparten. La representante de CTA en la comisión, Olga Perales, ha indicado que "la administración está obligada a cumplir con la legislación laboral y si una actividad no desaparece, sino que continúa o se absorbe, la administración está obligada" a la subrogación. Olga Perales ha dicho que "la pata que había en contra de la subrogación era la ley de Montoro, declarada inconstitucional y nula, por lo que ese obstáculo ya no existe". Perales ha lamentado también la abstención de CCOO y del PSOE. Más tarde, a través de una nota, CTA ha insistido en que "la subrogación de personal trabajador es posible y está dentro de la legalidad exigida" y se apoya en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
El PSOE, por su parte, se ha abstenido porque no ve garantías para la subrogación del personal, que también considera irrenunciable. En cambio, Ganemos opina que es posible esa subrogación de los trabajadores.
La concejala del PP Blanca Córdoba ha justificado el voto en contra de su grupo en los informes (cita uno económico y otro de personal) que "no ven viable" la fórmula por las dificultades para subrogar a los trabajadores que prestan el servicio. El PP está convencido de que esta fórmula terminará repercutiendo en la merma de calidad.
CCOO ha justificado su abstención en que "no queda garantizado el empleo de las trabajadores que actualmente prestan este servicio". La secretaria general del sindicato provincial de Construcción y Servicios de CCOO de Córdoba, Isabel Medina, afirma que "pese a estar de acuerdo con que el servicio de ayuda a domicilio nunca debió de haber sido privatizado, y aun compartiendo la creación de una empresa pública como medio para la reversión a lo público de un servicio privatizado, como representante de la parte social, entendemos que CCOO tiene que estar en todo momento velando por las garantías laborales de los trabajadores y trabajadoras y por ello la abstención".
El CMC ya se pronunció el martes en un pleno sobre la propuesta de la comisión, que considera una "salida en falso", ya que su puesta en práctica, de prosperar, no se producirá hasta el próximo mandato. Entre los flecos pendientes que ve, está el del futuro del personal que presta el servicio.
