Barquera Norte es el claro ejemplo de una parcelación que ha estado luchando desde que se aprobó el PGOU por una legalización que ha rozado pero que no ha podido conseguir a pesar de tener incluso proyecto de reparcelación, que fue anulado el año pasado por dos sentencias. Barquera Norte iba a ser la primera en legalizarse, en estar en obras de urbanización y en obtener los anhelados servicios básicos, todo un hito hace tres años, pero el proceso quedó parado en el 2016. Hace dos años, este periódico reflejaba la situación de esta urbanización, cuya regularización había encallado. Desde entonces, poco ha cambiado, más allá de las dos sentencias que anulan la reparcelación aprobada en marzo del 2015, y se mantienen las diferencias existentes en el seno de la parcelación, en la que siguen enfrentados los antiguos responsables de la junta de compensación, que estuvo presidida durante un tiempo por Antonio Avilés, y los nuevos, representados por Rafael Salazar, que ha promovido innumerables protestas para reclamar agua.
Todo ha ido «a peor»
Al igual que entonces, cada parte tiene su visión. Los antiguos representantes de la parcelación se quejan de que Salazar «ha paralizado el proyecto de reparcelación», «sin contar con la asamblea» y de que no ha presentado el anexo entregado por Ecourbe en marzo del 2016. Aseguran que el actual consejo rector ha pedido la devolución del 7% del aval y del 10% del aprovechamiento de suelo aportado a Urbanismo. Para defenderse de lo que califican como «atentado al derecho al honor» por haber sido acusados de «administración desleal», se apoyan en tres autos judiciales que, coincidiendo con la Fiscalía, «desestiman y acuerdan el sobreseimiento y archivo de los tres procedimientos abiertos contra responsables del anterior consejo rector». De ellos destaca el del juzgado número 6, de julio, recién ratificado, que no ve «la comisión de los delitos objeto de la denuncia» (societario y de administración desleal) ni «indicio criminal» para tramitar el procedimiento por la vía penal, por lo que debe abordarse por lo civil. Constituidos en plataforma, insisten en las «irregularidades en todas las votaciones y en la toma de acuerdos de las distintas asambleas celebradas, lo que se verá en el juzgado». En este sentido, aseguran que en la última, la candidatura de Salazar alcanzó un coeficiente del 19,98% y la de Rafael Díaz, del 37,12%.
Los miembros de la plataforma tienen claro que «dos años después la situación ha ido a peor», y aluden a la «tensión» y «desconfianza» existente en Barquera Norte y a la «indefensión» que padecen frente a Urbanismo, que «tiene la obligación de tutelar» y que aseguran que no les está haciendo caso. Ante ello, no descartan demandar a la junta de compensación y a Urbanismo.
La situación «ha mejorado»
En cambio, Rafael Salazar considera que la situación «ha mejorado». «Se ha hecho un centro social para los vecinos», afirma, «la parcelación está encendida, los caminos arreglados y se ha limpiado», se ha puesto «el nombre a todas las calles y tenemos 25.000 euros en la cuenta». En cuanto al proyecto de reparcelación, explica que «se han visto las deficiencias y se han contratado los trabajos para realizar las georreferencias». Su idea es lograr un «documento consensuado». Salazar, que ha asistido a las reuniones para conocer los requisitos del adelanto de servicios, asegura que ha intentado «limar asperezas» con los anteriores gestores, pero que un grupo -en referencia a la plataforma- no quiere.
Salazar explica que la asamblea «aprobó disolver el contrato con Ecourbe», a la que exige «daños y perjuicios» por el proyecto de reparcelación anulado. En cuanto a procedimientos judiciales, afirma que relativo a la junta de compensación hay uno abierto, el recurrido ante la Audiencia, mientras que el resto «nada tienen que ver con la junta de compensación», responden a «peleas entre vecinos». «Como presidente de Barquera Norte -indica- solo he puesto dos demandas, una por la auditoría y otra por la disolución del contrato con Ecourbe».
