Un total de 213 familias de Córdoba tuvieron que abandonar sus viviendas en el segundo trimestre del año, según los datos publicados ayer en el informe de Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales publicado por el Consejo General del Poder Judicial. La cifra refleja un incremento del 52,1% respecto al mismo periodo del año pasado, en el que se registraron 140 lanzamientos con cumplimiento positivo, y del 39,2% respecto al primer trimestre del 2018, cuando se contabilizaron 153.
La cifra parece aumentar al mismo ritmo que lo hacen los lanzamientos en viviendas de alquiler, que entre abril y junio de este año alcanzaron la cifra de 103, un 56% más que hace un año y un 30,4% más que en el primer trimestre del año, en el que se dieron 79 casos. Todo ello, pese a que el 2017 se cerró con un descenso del 20,6% respecto al año anterior del total de lanzamientos en viviendas alquiladas, 262 en total. Según la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane), una de las que trabaja de forma más activa en la paralización de desahucios en Córdoba, «la gente tiene la impresión de que ya no se producen desalojos, pero esa no es la realidad, muchas familias no llegan a pedir ayuda por vergüenza o porque no aguantan la presión y se acaban yendo». En lo que va de año, Anfane, una entidad que no recibe ninguna ayuda pública, han logrado paralizar 86 ejecuciones hipotecarias a través de acuerdos con los bancos para ofrecer alquiler social o aplicar el código de buenas prácticas y otras 37 están activas en vías de negociación. Entre 2015 y 2017, solo Anfane logró paralizar 663 lanzamientos, contribuyendo al descenso del número de desahucios en Córdoba, recuerdan.
Por contra, los datos estadísticos publicados por el CGPJ muestran cómo las ejecuciones hipotecarias, los procedimientos abiertos para reclamar la deuda marcada por una hipoteca con el banco descendieron ligeramente en el segundo trimestre del año respecto al pasado, pasando de 147 a 122 procedimientos, una cifra alejada de la de los años previos, en los que superó ampliamente las 200 ejecuciones por trimestre.
El informe recoge además los datos relativos a las acciones iniciadas para reclamar importes por cláusulas suelo en los juzgados de la provincia. Si en el primer trimestre del año ingresaron en los juzgados de Córdoba 596 asuntos por cláusulas suelo, se resolvieron 111 y quedaron en trámite 1.397; de abril a junio ingresaron 1.385, un 132,4% más que en el trimestre anterior, se resolvieron 347 y quedaron pendientes de tramitación 2.435.
En cuanto a las cláusulas suelo, Anfane, que ha tramitado 75 reclamaciones por cláusulas suelo en lo que va de año, alerta de que existe un colapso importante en el juzgado 9Bis, donde ahora se están señalando los primeros juicios, cuyas demandas se presentaron en octubre. «De noviembre y diciembre, ni siquiera aún no han empezado a notificar», indican. Mientras el 9B permanece atascado, el juzgado número 11, creado a finales de marzo pasado para centrarse de forma exclusiva a asuntos relacionados con las cláusulas suelo y los gastos de hipoteca, parece ir a mejor ritmo y ya se han celebrado juicios por demandas presentadas en febrero. El resultado es que se están dictando sentencias para casos presentados con posterioridad a otros que siguen atascados en el juzgado 9 Bis, que deberá desaparecer una vez tramite todos los casos pendientes.
JUSTICIA GRATUITA // Anfane denuncia además que se está denegando justicia gratuita para reclamar cláusulas suelo o gastos de hipoteca a personas que deberían ser beneficiarias. «Si tienes más de una propiedad, no tienes derecho a justicia gratuita, pero se considera segunda propiedad un trastero o una cochera si se registró de forma independiente a la vivienda». Estos casos, según detallan, se están recurriendo «pero suponen un retraso en el proceso de ocho meses hasta que se resuelve, generalmente, a favor del que reclama ese derecho».
