La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, y la coordinadora de Bienestar Social, Felisa Cañete, comparecieron ayer con motivo del décimo aniversario de la Ley de Atención a la Dependencia; una ley que ha supuesto un «revulsivo» y un «cambio en el modelo de convivencia y en la propia concepción del Estado de Bienestar», según Crespín. En los últimos diez años, 40.400 personas han sido beneficiarias de esta ley, con un total de 53.500 prestaciones, una inversión que, según Cañete, ha ido subiendo un 2,5% cada año, alcanzando los 1.200 millones de euros en la provincia.
Desde el PSOE de Córdoba insisten en este sistema como «una inversión social que genera retornos económicos» y un «impulso para el empleo», añadió la coordinadora, destacando que, en la última década, la Ley de Atención a personas en situación de dependencia «ha creado más de 45.500 empleos en Andalucía», de los que 5.500 han sido en Córdoba. Por ello, y según la delegada de Gobierno, la Junta de Andalucía ha reclamado «un pacto nacional de todos los partidos e instituciones» para «blindar» esta ley, desde el convencimiento de que «la dependencia es un derecho reconocido por la ley que nunca más debe ponerse en cuestión», citó Crespín. Además, ambas resaltaron un aumento del 60% en el número de plazas financiadas por la Junta de Andalucía en residencias y centros de día, con 5.780 plazas en la provincia. Por otro lado, según los datos aportados ayer por Felisa Cañete, la ayuda a domicilio en Córdoba asciende a 5.785 plazas y la teleasistencia a 24.000 beneficiarios, de los cuales 7.935 corresponden a personas que están en situación de dependencia.
También destacaron que Andalucía «es la única comunidad autónoma que financia completamente el refuerzo de profesionales destinados a la ayuda en el domicilio», una inversión de 323 millones de euros en la provincia. Andalucía representa así el 23% del conjunto nacional en inversión para la ayuda a la dependencia y prestaciones, siendo «el líder en atención a las personas», según Crespín. Además, la delegada se dirigió al Gobierno de la nación, insistiendo en que «no se puede dejar de respaldar una ley que concede un derecho para muchas personas y dignifica su vida y la de sus familiares», con «la excusa de la crisis y la austeridad mal entendida». Por su parte, Cañete recordó que, desde 2012 y hasta 2016, el Gobierno de Rajoy ha recortado 508 millones de euros, a los que hay que sumar otros 10 millones por el «impago de la teleasistencia avanzada para más de 20.000 personas», añadiendo que «con la deuda, en Andalucía podrían haber sido atendidas 105.000 personas más», acusando al PP de querer «desmantelar y privatizar» el sistema.
La coordinadora destacó la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del primer Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía personal, con un marco de actuación de 2016 a 2020, que prevé una inversión de 1.765 millones de euros, además del impulso de un pacto de Estado en defensa del Sistema de Atención a la Dependencia que «garantice una financiación suficiente, servicios de calidad profesionalizados, agilice el procedimiento y refuerce la coordinación de los servicios sociales y sanitarios».
