El proceso iniciado por la Junta para vender y después alquilar los ocho edificios que tiene en Córdoba, dentro del lote de 75 repartidos por toda Andalucía y valorados en 325 millones, dio ayer un nuevo paso. El Consejo de Gobierno adoptó tres acuerdos. Por un lado, autorizar a Hacienda la previsión de gasto a largo plazo para la operación de venta y posterior arrendamiento. En segundo lugar, establecer los nuevos límites para los compromisos presupuestarios del 2032 y 2034. Por último, el sometimiento a arbitraje internacional de las discrepancias que puedan surgir en la formalización de los contratos, que se cerrarán en unos días. El proceso fue autorizado en enero y se inició en junio. En septiembre acababa el plazo para recibir ofertas y hubo tres, pero ninguna cumplía los requisitos, por lo que la Junta abrió un proceso negociado.
