Una de las principales claves del juicio del caso Torreblanca se ha centrado en la oficialidad o no del llamado registro de infracciones urbanísticas de la Policía Local. En este sistema se informatizan desde el año 2006 los boletines de denuncia (el acta, en este caso, no fue alterada) antes de elevarlos a la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es la que incoa expediente sancionador a los propietarios de las viviendas ilegales. El tribunal de la Sección Tercera tendrá que dilucidar si, como dicen algunos, se trataba de un sistema "casero" para clarificar las denuncias, que solo expedía un documento sin firma ni validez jurídica, en cuyo caso no se hubiera falseado documento público alguno; o si por contra, se trataba de un registro de actas, regulado por ley como un registro especial, que cumplía una finalidad legal.
