Policías locales de uniforme y otros del servicio de escolta expulsaron ayer del salón de plenos e identificaron a varios representantes de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) El Catón que protestaron de forma moderada contra el cierre de la Escuela Infantil Municipal. Los agentes cumplieron así la orden dada por el presidente del Pleno, Luis Martín, cuando una veintena de padres y madres de escolares de ese centro interrumpieron el desarrollo de la sesión, una veces aplaudiendo intervenciones y en ocasiones mostrando su rechazo a otras. Martín, en aplicación del artículo 57 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Córdoba ("El público asistente a las sesiones no podrá intervenir en éstas, ni tampoco podrán permitirse manifestaciones de agrado o desagrado, pudiendo la Presidencia proceder a la expulsión del asistente que por cualquier causa impida el normal desarrollo de la sesión"), ordenó el desalojo de los causantes de la protesta. Cuatro de ellos fueron identificados por la policía exigiéndoles del DNI en el pasillo de acceso al salón plenario. Martín explicó más tarde que no se les abrirá expediente sancionador a los protagonistas.

La Corporación tomó conocimiento del dictamen de la comisión municipal que la pasada semana propuso cerrar la Escuela Infantil por elevado coste que supone mantenerla abierta solo a cargo del Ayuntamiento, que días antes propuso a la Junta que participara con el 51% en la financiación de este servicio público, que, según datos del gobierno municipal, asciende a 893.391 euros por curso escolar. Según este montante, y siempre con los mismo datos aportados por el PP, cada alumno (hay actualmente 48) costaría al erario público 1.861 euros mensuales o 18.612 al año.

RESPUESTA DEL AMPA Pero los padres de los alumnos no están de acuerdo con estos números, que consideran elevados respecto a los gasto actuales del colegio, pues el gobierno local ha computado los sueldos de dos educadores y un cocinero que ya no trabajan en la escuela, así como el lucro cesante (130.000 euros) del alquiler del edificio que alberga el centro. Dijeron, además, que el equipo de gobierno"ha mentido" en cuatro asuntos más que ha utilizado para liquidar la escuela. IU, PSOE y Baquerín (UCOR) votaron a favor de dejar sin efecto la comisión que ha dictaminado el cierre del colegio porque ésta se constituido "irregularmente", sin dar cumplimiento un acuerdo plenario que hacía sitio en la misma a un representante de El Catón. Por el contrario, solo el PP votó a favor de echar la persiana en la escuela.

Por su parte, el portavoz del gobierno local, Miguel Angel Torrico, reiteró que la clausura del centro obedece al elevado coste de su mantenimiento y porque el Gobierno regional no ha querido participar en la financiación del mismo, a pesar de que "la competencia exclusiva de la educación infantil es de la Junta". Reprochó a Tejada que dijera que son falsos los datos que ha manejado la comisión que ha dado la puntilla al colegio.