La factoría de los Laboratorios Pérez Giménez de Almodóvar del Río reanudó ayer tarde la actividad, paralizada desde el pasado jueves al habérsele cortado el suministro eléctrico por el impago de 184.000 euros a Endesa, tras alcanzar un acuerdo entre la propiedad de la fábrica, el grupo inversor y la propia compañía eléctrica. A las 17,30 horas la factoría recobraba la actividad.

El acuerdo recoge que a los 25.000 euros ya abonados por el grupo inversor hace unos días se suman los 100.000 aportados ayer por la empresa y el compromiso de seguir pagando 25.000 euros más al mes, según explicó el secretario provincial del sindicato CTA, Francisco Moro.

Además, ayer, los representantes de los trabajadores se reunieron con los inversores que le expusieron el plan de viabilidad para sacar adelante la factoría. Dicho plan recoge el mantenimiento de los empleos, así como la creación de nuevas líneas de investigación y desarrollo y el ajuste de gastos.

Según explicó Pedro Téllez (UGT), ayer tarde estaba previsto que la familia Pérez Giménez entregara el grupo inversor el estado de cuentas real de la compañía para poder llevar a cabo una auditoría y establecer las condiciones reales de la operación. Los sindicatos consideran fundamental ahora que el juzgado de Posadas libere las cuentas de la empresa, bloqueadas a raíz de la denuncia presentada por un acreedor, para poder atender los compromisos así como el inicio del pago de las nóminas. La empresa ha presentado un recurso contra el citado bloqueo.

Respecto al pago de los salarios, Francisco Moro explicó que la empresa "está estudiando hacer un adelanto lineal de un tercio de la nómina del mes de abril". Aunque los sueldos son importantes, dijo Moro, "lo que más nos preocupa es la viabilidad de la empresa y que recupere su actividad", porque a su juicio es una empresa rentable que ha llegado a esta situación por una mala gestión.

La puesta en marcha de esta nueva factoría de Pérez Giménez contó con el respaldo de las distintas instituciones, tanto en lo referido a la recalificación del terreno que la alberga, como en incentivos para su puesta en marcha. En concreto, la Junta de Andalucía aportó 13 millones de euros.