El alcalde, Andrés Ocaña, defendió ayer implícitamente la propuesta del empresario Rafael Gómez de pagar las multas que le impuso la Gerencia de Urbanismo por construir sin licencia en la Carrera del Caballo con inmuebles de su propiedad, en concreto con el cine Fuenseca y con el suelo del que es titular en los Baños de Popea. Ocaña dijo que los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo estudiarán si es viable o no aceptar la oferta de Gómez, y aseguró que "si es legalmente posible, puede ser la solución" para que el promotor de Arenal 2000 salde la deuda de 3,8 millones que tiene contraída con las arcas municipales por la imposición de esas multas coercitivas. A este respecto, añadió que desde el Ayuntamiento de Córdoba se trabajará "para que sea posible".

Y ello porque, según dijo, se conseguiría un doble objetivo. Por un lado cobrar esas multas y, por otro, la expropiación de dos bienes propiedad del empresario que "son de interés para la ciudad y pasarían a propiedad municipal", como el cine Fuenseca y de terrenos de los Baños de Popea. El primero tiene su uso como cine protegido en el Plan Especial del Casco Histórico, lo que podría compatibilizarse con otro uso deportivo, mientras que la adquisición de suelo en los Baños de Popea "permitiría al Ayuntamiento preservarlo del deterioro y ponerlo en valor para que lo disfruten los ciudadanos", afirmó el alcalde.

Preguntado sobre si el Ayuntamiento contempla la posibilidad de que Gómez pague la multa de 24,6 millones impuesta por construir sin permiso municipal cuatro naves en la antigua Colecor, Ocaña dijo que de este asunto no se habló en la reunión mantenida el pasado lunes, y que esta sanción sigue su tramitación, tras el recurso interpuesto por el empresario ante el Consejo Municipal de Reclamaciones Económico- Administrativas (CREA) el pasado mes de octubre.

Si la oferta hecha por Rafael Gómez es viable desde el punto de vista legal y la acepta el Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo deberá abrir un expediente de expropiación del cine Fuenseca y el suelo del que es propietario en los Baños de Popea, según informó ayer el delegado municipal de Hacienda, Alfonso Igualada, que afirmó que el débito contraído por Gómez por esas sanciones de la Carrera del Caballo al día de ayer ascendía a 3,8 millones de euros.

La apertura de ese expediente debe desembocar en la localización del propietario de esos bienes (en este caso nada dificultosa) y se negociaría el justiprecio de esas propiedades. En el supuesto de que no se llegara a un acuerdo, una comisión valorará el precio de esos inmuebles.