El Ayuntamiento de Córdoba ha decidido no recurrir la sentencia de un juzgado cordobés que ha anulado la sanción de 24,6 millones de euros que el Consistorio impuso a Rafael Gómez por la construcción de las naves de Colecor y ha anunciado que iniciará un nuevo expediente sancionador de inmediato.

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Andrés Ocaña (IU), ha informado en conferencia de prensa de que el Ayuntamiento acata la sentencia a pesar de que "no la comparte" ya que los fundamentos en los que se basa la resolución judicial "no se corresponden con los hechos acaecidos".

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Córdoba, facilitada a Efe, recoge que cuando se dictó y se notificó la resolución sancionadora, el 1 y el 10 de agosto de 2006, el procedimiento ya había caducado al haber transcurrido más de doce meses desde su inicio el 22 de junio de 2005, algo que ocurre sin que exista una paralización imputable a Arenal 2000.

Sin embargo, según Ocaña, los argumentos que se incluían en la providencia judicial "no contemplaban la Ley de Ordenación Urbanística (LOU) de Andalucía como referencia legal" para llevar a cabo el expediente sancionador y conforme a dicha normativa, el Ayuntamiento "habría realizado todo el procedimiento en base a la legislación vigente".

En ese sentido, ha subrayado que la sentencia reconoce que la providencia "no había sido rigurosa", ya que establecía que la anulación del procedimiento sancionador debía llevarse a cabo cuando el Ayuntamiento solicitase al Ministerio Fiscal que investigara un posible delito y "no al revés".

No obstante, la LOUA, según Ocaña, establece que la suspensión del procedimiento sancionador también se pudo haber producido en el momento en que la GMU tuvo conocimiento del inicio de actuaciones penales por el mismo hecho.

Por ello, el presidente de la GMU ha calificado de "kafkiano" un proceso en el que "se aceptan las alegaciones de la Gerencia, se acepta que la LOUA establece la legalidad de la actuación municipal y aún así anula la sanción administrativa", por lo que cree en todo momento que la defensa de Gómez "ha buscado la caducidad del delito de la manera que fuese".

Respecto a la posibilidad de que el posible delito por el que fue impuesta la sanción prescriba en un breve período de tiempo, la GMU ha anunciado que se reunirá mañana de urgencia para "iniciar un nuevo expediente sancionador contra Gómez" para evitar que caduque la irregularidad.

Ocaña ha afirmado que pese a que el Ayuntamiento ha hecho su labor correctamente, no recurrirá la sentencia ya que su prioridad "es defender los intereses de la ciudad", por lo que ha asegurado que "la cantidad se cobrará íntegramente".