El caso del saqueo del Córdoba CF, que se ve en el Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba, dará un paso adelante el próximo 25 de marzo con las declaraciones de Luis Oliver y Joaquín Zulategui ante el juez, pospuestas hasta ahora en tres ocasiones y que, si no hay una nueva dilación, se producirán para avanzar en la causa contra Jesús León, que fuera presidente de la entidad blanquiverde, por cuatro supuestos delitos. Una causa en fase de instrucción a la que se añadió el informe de la Guardia Civil, en el que se especificaba que, a su juicio, tanto Oliver como León encabezaban la trama para desmantelar económicamente a la entidad blanquiverde.
Será la cuarta oportunidad en la que se contempla la declaración del empresario navarro y de su inseparable mano derecha, ya que ya en mayo pasado, con ocasión de la declaración de Jesús León y de su entorno, ambos estaban citados para comparecer ante el juez. Sin embargo, hasta tres dilaciones se produjeron desde entonces, ya que en septiembre y en diciembre también estaban citados ante su señoría, que no pudo recabar su declaración. La última, en diciembre, a causa de «una operación» que alegó Oliver en una clínica privada, por lo que el titular del Intrucción 5, Luis Rabasa, trasladó su comparecencia hasta el próximo 25 de marzo.
«A juicio de los investigadores» de la Guardia Civil, lo ocurrido en el Córdoba CF SAD fue consecuencia de «un entramado societario organizado, con su cúspide en los dos principales causantes de la descapitalización del club, Luis Oliver Albesa y Jesús León López». Así de claros son los miembros de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Benemérita en su informe al juez, en el que además de recoger las declaraciones como investigados (antiguamente, imputados) de 18 personas, algunas de ellas detenidas y puestas en libertad tras su declaración en marzo del año pasado, expone documentalmente los procesos realizados para dicho expolio del Córdoba CF con más de 30 empresas. Un extenso número de mercantiles que «han colaborado activamente en la despatrimonialización del club, algunas de ellas, habiendo sido reconocido expresamente por Luis Oliver Albesa en el informe privado que emite de fecha 18 de marzo del 2019», asegura la investigación, que define las mismas como «parte de su equipo multidisciplinar» que desembarcó de una manera u otra en el Córdoba CF.
La casa de González
Por su parte, el Córdoba CF SAD, cuyo control se encuentra asumido completamente desde hace semanas por Carlos González, se retiró de la acusación particular que se sigue en el Instrucción 8 contra el empresario madrileño, precisamente, por la construcción de su casa particular en Madrid con dinero de la entidad blanquiverde, supuestamente. A pesar de que no afecta al desarrollo del proceso, que continúa adelante, el club controlado por González decidió retirarse del mismo y ya no ejerce como acusación particular. El proceso se inició por la denuncia interpuesta en su día contra Carlos González cuando el Córdoba CF lo presidía Jesús León.
De hecho, una de las partes presentes en el proceso ha solicitado la comparecencia y declaración de María del Mar Muñoz, esposa de Carlos González y presidenta de la Fundación del Córdoba CF cuando se construyó la casa particular del empresario tinerfeño en Madrid.
Hay que recordar que en el informe de la Guardia Civil se señala que varios «documentos son un intento más de ocultar la veracidad de los hechos, en el sentido de que la reforma del chalet salió de las cuentas del club y que incluso se falsificaron las cuentas anuales de la Fundación del año 2017 para dar apariencia de legalidad a los traspasos dinerarios”, algo que ya venía reflejado en la auditoría practicada por BDO y que recuerdan en su informe los investigadores. Hay que recordar que la operación de la fallida Ciudad Deportiva se realizó a través de la Fundación de la entidad blanquiverde, que sería la titular de la misma, aunque era el Córdoba CF quien debía aportar su financiación.
