Justicia controlará si sus altos cargos fichan por el sector privado

El Gobierno andaluz desarrolla un decreto para estar a las «vanguardia» de la lucha contra las incompatibilidades. El fichaje, que finalmente no se produjo, del exviceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, por Asisa puso sobre la mesa las lagunas que tenía la ley de incompatibilidades en Andalucía. Guzmán estuvo a punto de ser contratado por una empresa con la que había tenido contactos cuando ocupaba un cargo en la Junta. Un informe jurídico del Gobierno andaluz determinó que incurría en incompatibilidad hasta el 29 de julio y su fichaje se aparcó.

Para desarrollar el decreto, el Gobierno andaluz se ha inspirado en la normativa de otras comunidades y a nivel estatal. «Queremos ser vanguardia en el cumplimiento de los compromisos de políticas públicas», indicó este martes el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, tras el Consejo de Gobierno.

Con este nuevo decreto los altos cargos de la Junta deberán pedir autorización para ejercer en la privada durante dos años tras su cese para trabajar en el mismo sector en el que hayan desarrollado sus funciones. A diferencia de lo que ocurre con la norma vigente, que no obliga a pedir este documento, el mero hecho de no pedir un informe incurrirá en infracción muy grave y se enfrentará a una sanción. Será la Inspección General de Servicio, quien, en el plazo de un mes, determine si hay alguna incompatibilidad. Hasta este momento, según el Gobierno andaluz, no se establecía la obligatoriedad de pedir un pronunciamiento de la Administración sobre si la labor profesional que vaya a desarrollar en esos dos años se ajusta a la normativa. De hecho, con el cambio del Gobierno de la Junta en 2019, solo un alto cargo pidió un informe. Esta situación, señalan, provoca una «inseguridad jurídica» para los altos cargos y el nuevo decreto busca cambiar esto.

La norma señala que los ex altos cargos no podrán fichar por una empresa relacionada con expedientes que haya fomentado o firmado desde su cargo. Asimismo, tras el cese no podrá firmar más del 10% de contratos con la Junta.

Algo que no cambia es el periodo de cesantía. Frente a la normativa estatal, que permite cobrar una cesantía del 80% del sueldo durante los dos años que no se puede firmar un contrato que pueda ser incompatible, la Junta mantiene que por cada año trabajado se podrá cobrar un mes.

La norma entrará en vigor al publicarse en el BOJA

Aunque la norma no tenga un carácter retroactivo, sí que afectara a aquellas personas que estén en este momento dentro del periodo de dos años tras su cese. Por tanto, si Guzmán quisiera finalmente fichar por Asisa, pese a haber dejado su puesto en la Consejería antes del cambio de la ley, tendría que pedir el informe al no haber pasado el plazo establecido.

El decreto entrará en vigor en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía e irá al próximo pleno para ser convalidado. El consejero ha explicado que este decreto reforma la ley actual, pero ha defendido que desde su cartera busca redactar una nueva norma para la que este decreto sirva como base.

La ley de incompatibilidades de Andalucía es de 2005, pero la reformó el primer Gobierno de Moreno en 2021. Fue Ciudadanos quien estuvo encargado de modificarla, sin embargo, el presidente andaluz, Juanma Moreno, reconoció en abril que la norma tiene “algunas deficiencias” que se han visto con su puesta en funcionamiento. El dirigente popular defendió entonces que la ley se hizo “sin experiencia en el terreno”.

Pasos a seguir tras la convalidación

Ahora, su consejero de Justicia busca "ir construyendo un sistema de control que la norma no establece". "Es un cambio en dos fases", ha aclarado el popular, que ha insistido en que esta primera es "de urgencia". "La vía obedece a la necesidad de tener un marco legal que ahora no tenemos", ha subrayado Nieto. El dirigente ha puesto en relieve que "hay un vacío" desde la ley de 2005 a 2024, cuando la realidad ha cambiado.

A partir de este momento, el popular ha abierto dos posibilidades. La primera es convalidar este decreto y tramitarlo posteriormente como un proyecto de ley, en el que los partidos puedan participar y cambiarlo por completo. "Puede generar una ley completa con las aportaciones de los grupos", ha explicado para señalar que habría una nueva ley entre diciembre y febrero. La otra opción es desarrollar un nuevo anteproyecto de ley, es decir, hacer una norma desde cero, algo en lo que se podría tardar, como mínimo, un año y medio.