El déficit en la red eléctrica de Andalucía lastra la creación de 47.000 empleos en renovables

Las soluciones contra la sequía, la llegada de nuevas industrias, las recetas contra la despoblación para las zonas de interior, la construcción de nuestras infraestructuras ferroviarias de alta velocidad o la convergencia con Europa respecto a los principales indicadores económicos tienen un denominador común: necesitan de una red eléctrica robusta y amplia de la que hoy carece Andalucía.

Es un asunto complejo para un debate público caracterizado por el mensaje viral y el regate corto pero, como diría la canción de Aute, nos va la vida en ello. El futuro de Andalucía pasa por la electrificación. 

Uno de los parámetros para medir la riqueza y el bienestar social de un territorio son los kilómetros de mallado de red eléctrica por millón de habitante. En el caso de Andalucía el dato es revelador: hoy los andaluces cuentan con la mitad de red que la media española, sólo 712 kilómetros frente 1.231 kilómetros del resto. Frente a la media española, Andalucía cuenta con la mitad de medios, entre generadores eléctricos, transformadores, líneas de transmisión y líneas de distribución de alta o media tensión, para llevar la energía eléctrica a los usuarios. 

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Luego son las distribuidoras, principalmente Endesa, y en último término las comercializadoras (la amplia red de operadores que entraron en el mercado de la energía desde la liberalización del sector en 1997) las que se encargan de que haya energía en cada uno de los hogares y en todas esas industrias y actividades donde sin electricidad no se puede trabajar, que básicamente son todas.

Con el mallado actual, se frena la creación de más de 47 mil empleos vinculados a las renovables (la solar y la eólica fundamentalmente), 100 mil en total si se contabilizan todas las empresas auxiliares, según los datos que el Partido Popular de Andalucía aportó en su día a Red Eléctrica Española para pedir una ampliación. El cierre del anillo de Sevilla de 400 kilovoltios para satisfacer la demandas del Puerto de Sevilla, el suministro para el desarrollo de proyectos mineros de la Faja Pirítica de Huelva o la potencia necesaria en el Guadiato para depurar agua o atraer industria son algunas de las actuaciones prioritarias.

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Son sólo algunos ejemplos de la larguísima lista que se puede hacer y en la que brilla una idea sobre todas las demás: de Ayamonte a Pulpí, no hay un sólo pueblo de Andalucía, independientemente de quien gobierne la localidad, que no se viera beneficiada por una futura ampliación del transporte de la red eléctrica en su comarca. 

Es el hecho de que cuando llegamos a casa podamos encender la luz sin problemas lo que complica que se perciba como un problema de primer orden que en Andalucía la red elétrica sea débil y se entienda como un lastre para la economía andaluza. En líneas generales, son ahora las grandes asociaciones industriales, las confederaciones de empresarios y el Gobierno autonómico los que tratan de situar en el primer plano este asunto como prioridad en la agenda pública.

Las soluciones contra la sequía, las nuevas industrias o las nuevas líneas de alta velocidad tienen un denominador común: necesitan de una red eléctrica robusta de la que hoy carece Andalucía

En el Parlamento de Andalucía, ha sido el Partido Popular el que ha vuelto a llevar esto al debate a través de una proposición no de ley al Parlamento de Andalucía en la que insta al Ejecutivo de Sánchez a ampliar la red de transporte eléctrico en Andalucía, que defendió el parlamentario cordobés Antonio Repullo, conocedor, en su tiempo como delegado del Gobierno del aislamiento eléctrico que padecen comarcas como la del Guadiato.

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La solución pasa por que Red Eléctrica, como empresa pública dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, apueste por invertir en más actuaciones en Andalucía. El PP autonómico califica el actual ciclo de planificación, que culmina en 2026, de "pobre" e "injusto".

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El Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 del Gobierno de España, según el PP andaluz, perjudica a esta comunidad con inversiones "muy por debajo de los 782 millones" que corresponderían por población, superficie y, por un hecho innegable, es el territorio con más capacidad para la producción de energías renovables solar y eólica. 

Este déficit agrava el aislamiento de comarcas, sobre todo de interior [véase los mapas que acompañan esta noticia] condenadas a vivir de espaldas al futuro sin nuevas industrias que a su vez fijen población al territorio. 

Con el mapa de inversiones hasta 2026, el Gobierno central sólo financia el 2% que se necesita, según el PP. Este plan de inversiones no responde al "capricho político", explican desde el departamento de Teresa Ribera, sino que es una planificación en la que se tienen en cuenta numerosos parámetros, como la viabilidad de la obra o el aprovechamiento económico posterior. En este último ciclo, Andalucía ha entrado como gran beneficiaria en número y alcance de las actuaciones, aunque por su peso poblacional, económico e industrial la red eléctrica sigue estando muy por debajo. 

Reclamaciones cíclicas en el Parlamento

¿Quién tiene la culpa de este déficit crónico? Sin excepción, todos los gobiernos de PP y PSOE que se han alternado en el Gobierno de la Nación son responsables directos de condenar a Andalucía a este escenario. 

La hemeroteca es buena aliada en estas cuestiones. Hace 10 años, Mario Jiménez, como portavoz del Grupo Parlamentario socialista, defendió en el pleno del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley para reforzar el desarrollo de una red de transporte de la energía eléctrica para el tramo 2015-2020. Entonces, acusaba al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de castigar a Andalucía con “una propuesta de infraestructuras extremadamente restrictiva”. Hoy, las siglas se han intercambiado de posición pero en Andalucía las cosas siguen (casi) igual que entonces.

Entonces, el titular del Ministerio era José Manuel Soria, responsable de controvertido real decreto para el autoconsumo fotovoltaico, que en la práctica gravaba la energía recogida en paneles solares. Un impuesto al sol, como se llamó, que penalizó y ralentizó socialmente la apuesta decidida por las renovables a las que hoy todos miramos.