La alianza de PP, Cs y Vox para aprobar en el Parlamento andaluz una nueva regulación de los regadíos en Doñana ha abierto un nuevo episodio de confrontación entre la Junta y el Gobierno, entre la derecha y la izquierda, que ha tensado aún más la política autonómica en un año electoral.
Se trata de una doble proposición de ley que el PP ha registrado en el Parlamento, primero con Ciudadanos y luego con Vox, que garantiza los votos suficientes para que pueda salir adelante y que lleva camino de convertirse, junto con la gestión sanitaria de la crisis, en uno de los argumentos políticos de mayor relevancia en las próximas elecciones andaluzas.
Ambas propuestas plantean la revisión del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana o Plan de la Fresa con la que pretenden subsanar «el desamparo jurídico» de agricultores de la zona, según el PP.
"La iniciativa no solo no perjudica a Doñana, da seguridad a los agricultores de la zona"
La iniciativa «no solo no perjudica» a Doñana sino que da «seguridad» a los agricultores de la zona, sostuvo ayer el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto. Dijo que el objetivo es cambiar el plan que aprobó el anterior gobierno socialista que «impedía a los agricultores la posibilidad de regar sus campos como históricamente habían hecho». El riego, añadió, para los agricultores con derechos históricos acreditados será con agua «superficial y no afectará» al acuífero de Doñana.
En términos parecidos se expresaron los portavoces de Ciudadanos, Julio Díaz, y de Vox, Manuel Gavira, que apostaron por «dar seguridad» a todos los agricultores de la zona e impedir su «criminalización» por la actividad que desarrollan en el entorno de Doñana, y denunciaron la «demagogia» de la izquierda.
Sentencia de la Unión Europea
Totalmente opuesta es la interpretación de los partidos de la oposición y de las organizaciones ecologistas, que acusan al PP, Cs y Vox de «legalizar miles de hectáreas de regadíos ilegales» en el entorno del parque natural, en concreto de 1.460 hectáreas de suelo agrícola regable, que quedaron fuera del acuerdo de 2014 y cuyo objetivo era poner freno a la sobreexplotación del acuífero del Parque Nacional con pozos ilegales.
La modificación normativa podría contravenir una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ha condenado a España por no tener en cuenta las extracciones ilegales de agua subterránea en Doñana. Partidos de izquierda y los ecologistas han lanzado una ofensiva contra la nueva normativa con el objetivo de impedir que se aplique, para lo que no descartan ninguna posibilidad, desde recurrirla en el TC a denunciarla ante la Comisión Europea y organismos internacionales como la Unesco, al ser Doñana Patrimonio de la Humanidad.
Ángeles Ferriz, portavoz del PSOE-A, acusó al Gobierno de Moreno de utilizar la nueva regulación de Doñana con fines «electorales» y criticó que en lugar de aportar una solución se dedique a «incendiar el problema y provocar confrontación» entre los sectores.
La socialista se mostró abierta a modificar la normativa pero desde la seriedad y el respeto a la ley, y exigió a Moreno que dialogue con los alcaldes, con los sectores afectados y el Gobierno para buscar una solución consensuada y de equilibrio entre la explotación agraria y la sostenibilidad de Doñana.
Inmaculada Nieto, de Unidas Podemos, avanzó que la coalición va a hacer «todo lo posible» para evitar que salga adelante la proposición de ley de PP, C’s y Vox que pretende amnistiar «pozos ilegales» en el entorno de Doñana. Para Nieto, se trata de una «agresión sin precedentes a Doñana, que no puede aguantar otro empujón, y a los agricultores que hacen las cosas bien», por lo que UP estará del lado de explotaciones agrarias que no están infringiendo la ley.
La líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, hizo un llamamiento a administraciones y partidos políticos de la oposición en la comunidad autónoma a «defender Doñana con uñas y dientes» ante lo que tachó de «barrabasada». Junto a ella compareció el representante de WWF Felipe Fueltelsaz, quien remarcó que Doñana es «el principal humedal que tenemos en Europa, España y Andalucía», y que la regulación planteada supone el «ataque más directo y demoledor que hemos visto jamás contra el parque de Doñana», y «una auténtica locura».
