Maeztu exige un itinerario para la inclusión de los vulnerables

Después de entregar del Informe Anual 2020 a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, el Defensor del Pueblo andaluz reivindicó la construcción de un «verdadero sistema de protección» para los colectivos que necesitan de una ayuda pública. Como ejemplo, puso a las personas necesitadas de unos ingresos mínimos o de una ayuda al alquiler para evitar un desahucio; la intervención en barrios marginales, las personas dependientes o con discapacidad, los menores extranjeros y los jóvenes ex tutelados o las personas que padecen una enfermedad mental. «Estos colectivos necesitan de un sistema de primera acogida bien planificado y dimensionado que les marque un itinerario hacia la inclusión», señaló el Defensor.

Las quejas crecen un 25%

Estas necesidades están identificadas en el balance del Informe Anual 2020, en el que la Institución ha vuelto a superar sus registros históricos con 29.823 actuaciones en defensa de los derechos de la ciudadanía. Estas se reparten entre la gestión de 12.573 quejas, de las que 8.752 fueron nuevas (8.665 a instancia de parte y 87 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; la atención de 16.828 consultas, y 422 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, o informes especiales).

Tanto las consultas como las quejas se incrementaron un 25% por los problemas relacionados con la pandemia. En total, fueron 35.146 personas las que requirieron el pasado año la intervención de este comisionado parlamentario. Maeztu demandó en rueda de prensa la urgencia de un reforzamiento de los servicios sanitarios y sociales y consideró que la crisis supone una oportunidad para promover y consolidar una economía de «cuidados». Por ello, defendió la reorientación de las políticas públicas hacia la generación de empleo en los cuidados tanto de personas mayores como de la infancia y la adolescencia, así como en el tratamiento de la salud mental, «agravada» por la covid-19, apostilló.

El informe emplaza también a las administraciones a que garanticen la igualdad real de toda la ciudadanía, ya que el impacto de la pandemia «incrementó» el riesgo de pobreza y exclusión social, y la desigualdad existente en Andalucía. De igual forma, aboga por la mejora y eficiencia de los servicios de información y atención ciudadana, y reclamado una administración «humanizada». Las personas se han encontrado con el colapso o mala atención en los servicios de información o reserva de citas, lo que aumentó la desesperación de la ciudadanía y las demandas de ayudas y asesoramiento ante la Oficina del Defensor, aseguró Maeztu. «Necesitamos de las administraciones que ofrezcan una información clara, coherente, sencilla, veraz e inequívoca», expuso, al tiempo que advirtió que la brecha digital «amenaza con convertirse» en una nueva forma de exclusión social.