La disputa entre los fiscales y la jueza que investiga el caso ERE está empujando la instrucción a un callejón oscuro: unos días golpea el Ministerio Público y otros la magistrada. En ambos casos subyace la idea de que una de las partes está echando a perder la investigación permitiendo que prescriban ciertos delitos. Hace unos días la jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, solicitó a la Fiscalía Anticorrupción un informe sobre la posible prescripción de delitos. Esto ocurrió después de que el Ministerio Público se quejase de que habían prescrito los delitos contra seis empresarios imputados en los ERE (entre ellos los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez). Alaya replicó a los fiscales que, "antes de proceder a la práctica de cualquier otra diligencia", informe sobre el asunto, a fin "de decidir si procede encomendar la investigación" a la Guardia Civil "de las ayudas sociolaborales más antiguas".

Anticorrupción, en un escrito hecho público ayer, respondió que "desconoce" las directrices que la jueza le ha dado a la Benemérita, por lo que no puede pronunciarse sobre la prescripción de ningún delito, como pide Alaya. "No es posible con carácter previo ni en abstracto tipificar las conductas o enumerar los posibles delitos", reza el escrito. Por tanto, los fiscales reclaman ahora a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "acelere" la investigación y entregue los atestados sobre cada una de las empresas y ayudas investigadas, con objeto de poder determinar si han prescrito o no delitos.

En otro de los escritos de la Fiscalía, fechado hace tres días, advierte de que la conducta de los empresarios que recibieron ayudas "es asimilable a la de los llamados intrusos", personas que se beneficiaron de un ERE pese a no haber trabajado nunca en las empresas afectadas. El Ministerio Público reclama también "acelerar las investigaciones encaminadas al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas". La respuesta que dio ayer Anticorrupción es un nuevo portazo entre la jueza y los fiscales, que ya se han cruzado duros reproches.