Fuera de los juzgados, las acusaciones en torno a la responsabilidad política sobre el fraude de los ERE han recuperado el pitido agudo de la crispación que precedió a las elecciones autonómicas. El estado de nerviosismo es tal que el consejero de Justicia, Emilio de Llera, acusó ayer al director de la Guardia Civil de "estar actuando como un miembro del PP y no como un representante de las fuerzas de seguridad" y de "hacer la guerra política contra el PSOE para desestabilizar al Gobierno andaluz". Los populares, por su parte, han empezado a sugerir públicamente que el dinero de los ERE pudo servir para financiar ilegalmente al PSOE-A.

El titular de la Consejería de Justicia está "satisfecho" con el giro que ha dado esta semana la investigación del caso ERE, y cree que las últimas pesquisas de la jueza Alaya ratifican lo que siempre ha defendido la Junta, a saber, que "no existía un fondo de reptiles, sino unos cuantos reptiles". "Por fin la Guardia Civil se está centrando en la búsqueda de los comisionistas, los verdaderos responsables del fraude", apuntó.

Pero De Llera fue muy contundente al valorar las declaraciones que el director de la Guardia Civil hizo el jueves, por considerarlas "un ataque frontal a la Junta". Hace tres días, el jefe de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, anunció a los medios que aún "están pendientes pasos muy importantes a los que yo no puedo, ni siquiera, hacer alusión a ellos", en referencia en la operación que arrancó el miércoles y que, por ahora, se ha saldado con 22 detenidos. "Lo que tiene que hacer el director de la Guardia Civil si sabe algo es callarse, porque de lo contrario estaría violando el secreto de sumario. Sus comentarios son impresentables. su deber legal es callarse y no generar una inquietud en la ciudadanía denigrando a un Gobierno con la amenaza de lo que pueda haber", sentenció De Llera.

El vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, también exigió una "comparecencia inmediata" en el Congreso del director del Instituto Armado, y aseguró que su "indiscreción intolerable compromete la imparcialidad" del grupo que está investigando el caso de los ERE fraudulentos.