La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cárcel para cuatro de los 22 detenidos en la última fase de investigación sobre los ERE falsos, aunque la juez instructora, Mercedes Alaya, aún no ha notificado el auto después de pasar toda la noche y esta mañana tomándoles declaración.
La juez inició en la tarde de ayer la toma de declaración a ocho de los 22 detenidos en la investigación sobre el destino de las sobrecomisiones que la Junta pagaba por los ERE y hasta esta mañana continuaba en la sede de su Juzgado para no sobrepasar las 72 horas de detención máxima.
A las 12.00 horas aún no había dictado ninguna resolución, después de 18 horas continuadas de la juez, los abogados y los imputados en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.
La Fiscalía Anticorrupción pidió prisión para Eduardo Pascual y María Vaqué, directivos de la aseguradora Vitalia, para Ismael Sierra, cuñado del mediador en los ERE Juan Lanzas -encarcelado el día anterior- y para Eduardo Leal, testaferro de empresas presuntamente utilizadas para introducir en el mercado financiero las comisiones.
Los otro cuatro detenidos que pasaron a disposición judicial quedaron libres a lo largo de la tarde de ayer.
En cuanto a los que se enfrentan a prisión preventiva, continúan en los calabozos de los Juzgados sevillanos a la espera de que Alaya les notifique su decisión.
La juez decretó anoche prisión sin fianza para Eduardo Leal, testaferro de empresas usadas presuntamente para introducir las sobrecomisiones en el mercado financiero.
Con Leal son cinco los encarcelados en la nueva fase de investigación sobre los ERE centrada en las sobrecomisiones que cobraban las aseguradoras.
Junto a él han sido encarcelados el sindicalista Juan Lanzas; Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta; Antonio Albarracín, exdirectivo de la aseguradora Vitalia, y el presunto testaferro de empresas usadas para introducir las comisiones en el mercado financiero Juan Francisco Algarín.
