El Gobierno central se niega a pagar a la Junta las inversiones no ejecutadas

En la carta, recibida por la Junta el miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, Beteta apunta que la Comisión Bilateral de Cooperación Junta-Estado "carece de competencias en materia de inversiones, quedando asignada en una comisión que no ha sido constituida, como es la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma".

Por ello, según relata Beteta en la carta, la metodología y procedimiento aprobados en un grupo de trabajo de una comisión "que no tiene competencias en la materia", así como las comunicaciones recibidas en relación con la disposición adicional tercera en el 2008 y el 2009, "no suponen ningún compromiso de pago", tras lo que Beteta considera que "no es procedente la petición" efectuada por la Junta de convocar la comisión de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía.

CUMPLIR EL ESTATUTO A inicios de junio, Avila había remitido una carta a Beteta donde pedía la convocatoria de la comisión con el objetivo de concretar los acuerdos adoptados en la bilateral y se refería a la necesidad de que se cumpla la disposición estatutaria (que establece inversión del Estado en la comunidad en función de su población), tras haber sido "vulnerada" en los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio, y a que se reconozca contablemente la inversión no ejecutada por el Estado en esta tierra en el 2008 y el 2009 por un importe de 1.504 millones de euros.

Beteta responde en su misiva aludiendo a la sentencia del Constitucional en la que se dice que la disposición "no puede tener en modo alguno efecto directamente vinculante para el Estado, por lo que el Gobierno considera que el Estatuto "no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones".

Beteta informa a Avila que en el proyecto de los PGE del 2012 se ha previsto una inversión para Andalucía de 1.851 millones y reconoce que "se han distribuido recursos estatales disponibles para inversiones de acuerdo con criterios distintos del recogido en la disposición adicional, pero encaminados a la satisfacción del principio de solidaridad, como avala el TC".

Ante esta respuesta del Gobierno, el consejero Antonio Avila, quien considera esta decisión "absolutamente inconcebible", ha anunciado que pondrá la carta en conocimiento de los servicios jurídicos de la consejería "para comprobar que lo que se dice no se atiene a la realidad". Además solicitará una reunión a Beteta "para que me lo pueda decir a la cara".

MALA NOTICIA En una entrevista con Canal Sur TV, Avila lamentó que esta noticia "no es buena", toda vez que en Andalucía "hay un Estatuto que obliga a todo el mundo e indica las inversiones que se deben realizar a través de los PGE en un determinado porcentaje, que es lo que representa en términos de población en España". El consejero explicó que el Gobierno y la Junta "han estado trabajando cómo se ejecutan las inversiones y ambas cifraron en 1.504 millones de euros la cantidad que el Gobierno debería haberse gastado en Andalucía en esos dos años en cumplimiento de la disposición adicional".