Los letrados del Ayuntamiento de Marbella y de la Junta de Andalucía, ambas instituciones personadas como acusación en el caso Malaya, han incidido en las consecuencias que tuvo la "confusión" urbanística que había en la localidad y en que los acusados utilizaron esa situación creada para beneficiarse. Asimismo, dijeron que "se consolidaban" las supuestas ilegalidades dadas en el urbanismo desde la llegada del GIL.
El letrado del Ayuntamiento marbellí, primero en exponer su informe ayer, indicó que lo que demuestra esta causa y la documentación que existe es que el PGOU "se hace a retazos y con base en acuerdos privados con los promotores", además de asegurar que "nunca se quiso tener un plan general y dudamos de que se quisiera tener de verdad incluso hasta en el último momento".
MENTE PRIVILEGIADA Esta parte hizo un repaso a distintos aspectos del urbanismo y aseguró que el equipo de gobierno que salió de la moción de censura contra Julián Muñoz "pretendió tener una cobertura" legal ante las licencias de obras ilegales otorgadas previamente, ade- más de que con los excesos de aprovechamientos urbanísticos, "se estaban creando unas plusvalías artificiales en las que participaba el Ayuntamiento". Afirmó que Roca era "una persona hábil" porque las operaciones realizadas, que han sido investigadas en este procedimiento, "necesitan una mente privilegiada". Añadió que tuvo "un acopio de poder que fue absoluto al faltar el exalcalde Jesús Gil y al depositar en él toda su confianza la exregidora Marisol Yagüe".
