Es la fianza más alta impuesta hasta ahora por la jueza Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, en prisión desde el pasado 24 de abril, tendrá que hacer frente al pago de 807 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por su "papel principal" en la "trama" creada para "la dación arbitraria e indiscriminada de los fondos públicos de la Junta". Hasta ahora, la fianza más alta había sido la del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a quien le reclama 686 millones de euros.

La fianza, que no es para eludir la prisión, sino para asegurar las cantidades que tendría que devolver en caso de ser condenado en un futuro, suma un total de 807.403.232 euros, lo que supone una cuantía inferior a la que reclamó Anticorrupción, que superaba los 890 millones de euros. El Ministerio Público realizó el cálculo teniendo en cuenta todas las ayudas sociolaborales y directas que se entregaron entre el 2001 y el 2010 a cargo a la partida 031-L, la conocida como fondo de reptiles, y cuya entrega fue posible gracias al convenio firmado por Fernández en el 2001, siendo consejero de Empleo José Antonio Viera, entre la consejería y el IFA. Esta cantidad asciende a 664.563.700 euros, a los que sumó el coste del ERE del restaurante sevillano Río Grande y varias pólizas individuales, más el tercio legal, lo que daba el total de 890.052.666 euros.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, no quiso hacer ayer ninguna valoración, ya que el auto aún no le había sido notificado. El letrado no explicó si recurrirá el auto, como ya hiciera con el de prisión, a cuya solicitud se ha opuesto el fiscal, y en el que ya hablaba de la situación económica de Fernández, quien está "en paro" tras haber ingresado en prisión, ya que fue destituido como presidente del Consejo Regulador de la Denominación Vinos de Jerez.

Por otro lado, la magistrada también notificó ayer a las partes los decretos de embargos de 17 imputados en el caso para poder cobrar las fianzas impuestas, entre ellos, las cuentas del exdirector general de Trabajo y el restaurante Río Grande a su propietaria, Carmen García Sánchez, a quien le reclama casi dos millones de euros.

Así, en el caso de la propietaria del restaurante, Alaya señala que "dado que ninguna cantidad se ha consignado en la cuenta de este juzgado, a pesar de los beneficios que al parecer produce la entidad", decreta "el embargo de la total participación íntegra que la misma posea" en el citado negocio.

LAS CUENTAS DE GUERRERO En cuanto a Francisco Javier Guerrero, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 le embarga cinco cuentas bancarias en las que aparece como titular, así como aquellos inmuebles que, "tras su búsqueda, sean hallados, por los importes que quedaran en su caso por cubrir a la vista del resultado del embargo del saldo de las cuentas corrientes". La suegra del exdirector general de Trabajo, Victorina Madrid Pisabarro, es otra de las embargadas, ya que ha dado orden de confiscarle cuatro cuentas para poder cobrar la fianza de 258.539 euros, impuesta por cobrar una póliza al ser incluida en el ERE de SOS Cuétara, pese a no haber trabajado nunca en la empresa. Además, ordena embargar al exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo, por valor de 33.870,15 euros, la finca de su propiedad ubicada en dicha localidad. Además, la jueza pide información al Registro de la Propiedad de Madrid de los inmuebles que puedan tener los 17 imputados para requisarlos.

Por último, Alaya notificó ayer la resolución a los recursos presentados por algunos de los intrusos, entre ellos Carmen García, confirmando la fianza impuesta. Solo estima "parcialmente" el recurso de uno de los intrusos, Rafael Ruiz, a quien rebaja levemente la fianza.