La jueza Mercedes Alaya, que instruye diligencias por la supuesta trama fraudulenta tejida con ayudas de la Junta, dio un giro más en el caso ERE al imputar al actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, miembro del equipo del consejero de Empleo, Manuel Recio. Es el primer alto cargo imputado nombrado directamente por el Gobierno de Griñán, que considera "infundada" su inculpación. Llegó a la dirección general en abril del 2010, tomando el relevo a Juan Márquez, que había ocupado ese sillón un año y también fue imputado ayer. Son ya cinco los imputados altos cargos de la Junta. Entre ellos tres directores generales, estos dos y el supuesto cabecilla, Francisco Javier Guerrero. Este declarará el 23 de febrero, a un mes de las autonómicas. Guerrero, un día antes de este auto, declaró voluntariamente por seis horas ante la Guardia Civil apuntando a sus superiores, los consejeros Antonio Fernández --imputado-- y José Antonio Viera. También estaba imputado el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas.
CRECE LA TRAMA En un denso auto de 42 folios, que había generado una gran expectación, Alaya describe una amplia trama que crece. No solo hay falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo financiados con fondos públicos. Participan políticos, empresarios, sindicalistas, abogados y directivos de las compañías de seguros que --según la jueza-- habrían estado cobrando comisiones disparatadas, muy por encima de la media del mercado. Imputa a dos sindicalistas de CCOO, a dos abogados del despacho de Garrigues y a otros dos del bufete Villasís, y a directivos de las aseguradoras Uniter y Vitalia, que sitúa en un lugar preferente en esta supuesta trama.
El director general de Trabajo es imputado por haber ordenado pagos de la póliza de la empresa Surcolor. Sostiene la magistrada que, a pesar de que dice tener en su poder "el expediente completo" de la ayuda, facilita el pago a 26 prejubilados, cuando los despedidos fueron 24. Tanto Rivera como su antecesor, Juan Márquez, --dice el auto-- "pudieron deducir fácilmente que los otros dos no debían pertenecer" a la empresa. La magistrada, que no imputa delito concreto al director general, subraya además que autorice esos pagos "con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud". Autoriza pagar 175.998 euros amparándose en la ley de subvenciones, "cuando en virtud de la misma él no sería competente". En Surcolor se colaron dos intrusos, ambos vecinos de Camas y uno de ellos familiar del exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado y alcalde de la localidad 10 años. Rivas dimitió.
Alaya también ordena investigar la resolución firmada por el responsable de Trabajo atendiendo una solicitud de la empresaria Encarnación Poto, presidenta de Acyco, también imputada en el supuesto fraude. Esta mujer se colocó como prejubilada en un ERE en el 2003 aunque siguió su relación laboral con la empresa hasta el 2011. Pidió una ayuda excepcional supuestamente destinada a mantener 144 puestos de trabajo, cuando en realidad iba destinada a pagar una minuta al despacho de Garrigues, relata el auto. Y se embolsó un dinero extra inflando una factura con un 16% de IVA que no correspondía. Está igualmente imputado el abogado de Acyco.
La magistrada ordena investigar por qué Rivera ordenó abonar 109.620 euros como si fuera una ayuda para el mantenimiento de puestos de trabajo cuando "la cantidad coincide exactamente con la minuta de honorarios de Garrigues" y se usó "para el abono de dicha minuta".
En cuanto al anterior director, Alaya considera probado que Márquez "presuntamente era consciente" de la inclusión de dos intrusos, ya inculpados, en el ERE de Acerinox y de otros dos en Aglomerados Morell.
