El auto difundido ayer por la jueza Mercedes Alaya abre un nuevo frente con las presuntas comisiones ilegales (entre 150 y 200 millones de euros, según el PP) que habrían estado cobrando las aseguradoras que se hacían cargo de los ERE. La magistrada considera "inaudito" que la Junta, a través de la Consejería de Empleo, admitiera estos sobrecostes. Alaya acude a varios ejemplos. "Los gastos de comisiones que percibieron, pese a no estar autorizada Vitalia para actuar como Correduría de Seguros, fueron de un 18,14%, siendo la media de un 2,51%, lo cual supuso una comisión de 222.415,7 euros" en la empresa Río Grande.
En el ERE de Aglomerados Morell, "los gastos para comisiones (de Vitalia) se situaron en un 20,51% por encima de la media del sector situado en un 5,65%". Si se debieron pagar en comisiones 152.897,30 euros se pagó 555.201. Imputa a Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, director comercial de Vitalia y responsable regional. Inculpa también a José González Mata, representante legal de Uniter, la otra aseguradora que trabajaba con la Junta.
En Acyco, la comisión que se cobró fue de 339.485 euros por encima de la media. Y en Surcolor, cuando las indemnizaciones ascendían a 1,5 millones de euros la prima de la póliza fue de 2,6 millones. "Conclusión de la que se extrae el dispendio en el que habrían incurrido intencionadamente la Junta a través de sus altos cargos".
El auto abre nuevas líneas de investigación. Este reparto de ayudas públicas "con total ausencia de controles" se realizó en otras cinco consejerías además de Empleo: Gobernación, Presidencia, Innovación, Turismo y Medio Ambiente. Desde 2001 a 2010, se transfirieron a través del IFA, empresa pública que actuaba como pagador, 4.315 millones de euros. Exige a la Agencia IDEA, antiguo IFA, un cuadro resumen de las ayudas. Alaya investigará además las ayudas directas a empresas en crisis.
