El salario social será un derecho garantizado para los andaluces que cumplan los requisitos y su percepción no estará sujeta a las limitaciones presupuestarias, según el Plan Andaluz de Inclusión Social, que prevé que esta ayuda se cobre antes de 3 meses desde la aceptación de la solicitud.
Garantizar el acceso a unos recursos económicos mínimos es uno de los objetivos del Plan Andaluz para la Inclusión Social 2003-2006, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, y que recoge una inversión de 2.465,92 millones de euros para proyectos de fomento del empleo, vivienda, educación, inserción social, asistencia jurídica y ayudas para los colectivos más desfavorecidos o con riesgo de exclusión.
El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, explicó en conferencia de prensa que el Ingreso Mínimo de Solidaridad, más conocido como salario social, se convierte en "un derecho que no estará al socaire de las posibilidades presupuestarias".
AUMENTO PRESUPUESTARIO
En este sentido, recordó que en los presupuestos de la comunidad para 2004 se ha consignado una partida de 40 millones de euros, lo que supone un incremento del 37% respecto a este ejercicio, que garantizará el cobro de esta ayuda para los más de 20.000 andaluces que lo perciben en la actualidad y aquellos que cumplan los requisitos exigidos.
Los perceptores del salario social reciben un 75% del salario mínimo interprofesional, a lo que hay que sumar un 8% más por cada hijo, aunque esta ayuda nunca supera al salario mínimo interprofesional, según recordó Pérez Saldaña, quien incidió en que la percepción de dicho salario está ligada a una prestación social y a cursos de formación, entre otras obligaciones.
Otras de las novedades del plan, que recoge 39 objetivos y 224 actuaciones, consiste en facilitar ayudas económicas para aquellas mujeres que ejercen de cuidadoras familiares, lo que les impide realizar actividades laborales fuera de casa, por lo que se pretende que puedan darse de alta en la Seguridad Social para acceder en el futuro a una pensión contributiva, según aseguró el consejero.
De las inversiones previstas, la mayor dotación corresponderá a los proyectos para la inserción laboral de las personas que presentan mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, con un total de 678,9 millones de euros.
Además del presupuesto previsto para sufragar el salario social, el plan incluye otras partidas para el complemento de las pensiones no contributivas, asistenciales y mínimas de viudedad.
