Los cambios de la PAC

El 1 enero de 2023 entraba en vigor la nueva Política Agraria Común (PAC), el instrumento político de la Unión Europea que nació en la década de los 60 para hacer frente a la escasez alimentaria provocada tras la Segunda Guerra Mundial en una época en la que los países del Viejo Continente decidieron apostar por la cooperación internacional. Esta iniciativa, entre otras cosas, daría lugar a la creación de la antigua Comunidad Económica Europea a finales de los 50 del siglo pasado, el origen de la actual Unión Europea (UE).

Desde entonces y hasta la fecha se han ido sucediendo numerosas reformas de la PAC, cuya base jurídica está recogida en el tratado de funcionamiento de la Unión Europea y que, en lo que se refiere a dotación presupuestaria, es la principal política de la UE.

El periodo de vigencia de la nueva PAC será de 2023 a 2027 e introduce distintos cambios respecto de la anterior ya que, como señala el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, «pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos».

En los años 60, la antigua Comunidad Europea impulsó una política agraria común para asegurar la alimentación.

En este sentido, la PAC plantea la consecución de tres objetivos generales: el fomento de un sector agrícola inteligente, reforzar la protección del medio ambiente y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales de los países miembros.

Por lo que se refiere al sector inteligente, el gobierno destaca la necesidad de que éste sea «competitivo, resiliente y diversificado» para garantizar «la seguridad alimentaria a largo plazo». En cuanto al medio ambiente, señala que la PAC apuesta por la protección de la biodiversidad, la acción por el clima y porque se contribuya «a alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos de la Unión, entre ellos los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París», un tratado internacional de Naciones Unidas sobre el cambio climático, jurídicamente vinculante, que entró en vigor en 2016 y que aspira a limitar el calentamiento mundial.

Los objetivos generales que plantea la nueva PAC se diversifican, a su vez, en nueve objetivos específicos: asegurar ingresos justos para el sector, incrementar la competitividad, reequilibrar el poder de la cadena alimentaria, garantizar acciones contra el cambio climático, protección del medio ambiente, conservación del paisaje y de la biodiversidad, apoyar el relevo generacional del sector, garantizar la pervivencia y vitalidad de las zonas rurales, proteger la calidad de los alimentos y la salud de la ciudadanía y, como objetivo transversal, contribuir al conocimiento y la innovación del sector agroalimentario.

El plan estratégico de la PAC

La nueva PAC ha traído consigo la obligatoriedad de que todos los países miembros de la UE cuenten con un Plan Estratégico de la PAC (Pepac) que especifique las iniciativas y medidas necesarias para alcanzar los objetivos planteados en la Política Agraria Común y en el Pacto Verde Europeo, el conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea diseñado para «hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro del mundo» de aquí a 2050. Un pacto que, entre otras medidas, contempla entre sus objetivos la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% hasta 2030, tomando como referencia los niveles de 1990.

El Plan Estratégico de la PAC de España (Pepac) fue aprobado por la Comisión Europea el 31 de agosto de 2022. Recoge las intervenciones que se llevarán a cabo hasta 2027 para alcanzar los objetivos de la PAC. Para ello, se ha realizado un  «diagnóstico y análisis de las necesidades del sector agrario y el medio rural en su conjunto, vinculadas a cada uno de los objetivos de la PAC. En este análisis se tuvieron en cuenta aspectos tan variados como son las condiciones agrarias, económicas, sociales y medioambientales de España».

Agricultor activo y nuevas ayudas

Entre las novedades que recoge el Pepac se encuentra la creación de la figura del «agricultor activo», que no solo tiene en cuenta a quienes se dedican a la agricultura y ganadería de manera profesional, también a quienes realizan estas funciones a tiempo parcial. La importancia de esta figura es que las ayudas directas de la PAC se dirigirán, precisamente, a quienes cumplan alguna de las condiciones para ser considerado como «agricultor activo», que son: estar afiliados a la Seguridad Social agraria por cuenta propia, que al menos el 25% de sus ingresos totales procedan de la actividad agraria y que el importe de ayudas directas que reciban sea menor o igual a 5.000€ anuales.

La nueva PAC estará en vigor entre los años 2023 y 2027, tras un amplio debate para su reforma.

Por lo que se refiere a las ayudas directas, la PAC 2023-2027 recoge algunas novedades, como el sistema de apoyo directo a la renta de los agricultores. En este sentido, el régimen de pago básico establecido que se fijó en 2015 da lugar en el período 2023-2027 a un nuevo sistema de ayudas desacoplado de la producción, formado por la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS) y la ayuda redistributiva complementaria a la renta, dependientes del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Este nuevo sistema de apoyo directo a la renta se organiza en torno a tres fundamentos. El primero de ellos es un cambio en la llamada regionalización existente en anteriores PAC, por las que España se dividía en regiones cuyas condiciones agronómicas o socioeconómicas eran iguales o similares. Hasta la fecha existían en nuestro país 50 regiones en el régimen de pago básico, pero con la nueva PAC se pasa a 20 regiones repartidas según la orientación productiva en tierras de cultivo de secano, tierras de cultivo de regadío, cultivos permanentes, pastos permanentes, u otros condicionantes socioeconómicos, como en el caso de la región Balear.

Y como se ha hecho hasta la fecha la información para saber a qué región pertenece una determinada parcela agrícola viene determinada por la región de los recintos del Sistema de Identificación Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) que componen dicha parcela.

La Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad es una de las novedades.

En resumen, el dato de Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad asignado a un recinto Sigpac depende de dos cuestiones: la comarca agraria en la que su ubica el recinto y la orientación productiva del mismo.

El segundo fundamento del sistema de apoyo directo a la renta es la conversión del sistema de derechos. Así, cada derecho pertenece a una única región de las 20 existentes y un derecho sólo puede activarse sobre una hectárea que pertenezca a la misma región. Los agricultores activos que fuesen titulares de derechos de pago básico a 31 de diciembre de 2022 pasaron a ser titulares de derechos de ayuda básica a la renta a partir del 1 de enero de 2023.

El tercer fundamento de las ayudas es la convergencia interna. Con anterioridad a la nueva PAC las explotaciones recibían el apoyo a la renta (pago básico) en función de derechos individuales. El valor de estos derechos dependía de los cultivos, de la actividad ganadera o producciones que tuviera cada explotación en periodos de referencia históricos, muchos de ellos de hace veinte años. Cada uno de estos derechos tenía un valor específico que convergía hacia el valor medio regional en cada una de las 50 regiones. Pero con la nueva PAC y el Plan Estratégico de España lo que se busca es la convergencia interna.

Como explicaba el Ministerio de Agricultura tras la aprobación del Pepac, ahora «los valores de los derechos de pago por encima de la media regional se reducen con el fin de aumentar el valor de los derechos por debajo de la media» con el objetivo de reducir «las diferencias en los valores de los derechos de explotaciones localizadas en la misma región».

Junto a ello, el Pepac contempla la limitación de los importes de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad por persona beneficiaria y año. De este modo, habrá una reducción progresiva del importe que supere los 60.000 euros y una limitación del importe a los 100.000 euros.

Por otro lado, el Plan Estratégico contempla el llamado pago redistributivo, complementario a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, y que se concede a las primeras hectáreas subvencionables de cada explotación, según la región a la que pertenezca.

Además de todo esto, las ayudas de la PAC están ahora sujetas a la llamada condicionalidad, que son normas y buenas prácticas agrarias y medioambientales que cualquier persona beneficiaria de las ayudas directas de la PAC tiene que cumplir, «en relación al clima y medio ambiente, la salud pública y la fitosanidad y el bienestar animal».

La condicionalidad cuenta con 11 Requisitos Legales de Gestión (RLG) y 10 Buenas Condiciones Agrícolas y Medioambientales (BCAM). En esta reforma de la PAC se incrementa la ambición medioambiental y climática de la condicionalidad, ya que se añaden algunos aspectos novedosos o se incrementan determinadas exigencias de periodos anteriores.

Aparece la figura del «agricultor activo», que debe cumplir una serie de requisitos.

Los requisitos legales hacen referencia a cuestiones como la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, mientras que las buenas condiciones agrícolas y medioambientales como la prohibición de quema de rastrojos, excepto por razones fitosanitarias o porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos.

Los ecorregímenes

Una de las grandes novedades de la PAC son los llamados ecorregímenes, una figura novedosa de ayudas creada para «incentivar y remunerar las prácticas agrícolas y ganaderas beneficiosas para el clima y el medio ambiente» y a los que los productores pueden acogerse de forma voluntaria anualmente. 

Se trata de unas prácticas más exigentes que las derivadas del compromiso de condicionalidad. Se puede escoger entre las prácticas que más interesen según el modelo de explotación, aunque, como norma general, en una misma hectárea solo se podrá computar una práctica. Cada ecorregimen está vinculado a una temática y cada una de ellas tiene unos objetivos y unas prácticas concretas, en función de los tipos de superficie en los que se lleve a cabo. Son iniciativas que aspiran a mejorar la estructura de los suelos, reducir la erosión y la desertificación, aumentar el contenido en carbono de los mismos y reducir las emisiones, así como a favorecer la biodiversidad asociada a espacios agrarios, los paisajes y la conservación y la calidad de los recursos naturales, agua y suelo. Habrá que esperar a ver los resultados de una de las grandes novedades de la PAC.