EL PERIODO ES DE TRES MESES Y ACABA A FINALES DE JUNIO

El Ministerio eleva a consulta pública los planes de sequía

Las confederaciones deben ajustar dichos planes a los hidrológicos de cada cuenca

La sequía está dejando los pantanos en mínimos históricos.

La sequía está dejando los pantanos en mínimos históricos. / Francisco Gonzalez

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Ministerio para la Transición Ecológica lanza a consulta pública la revisión y actualización de los Planes Especiales de Sequía. A tal efecto, las confederaciones hidrográficas han elaborado los correspondientes borradores que ahora se someten a un periodo de consulta pública de tres meses (abril, mayo y junio).

España cuenta con Planes Especiales de Sequía (PES) desde el año 2007. La última revisión de estos instrumentos tuvo lugar en diciembre de 2018. Tras la aprobación en enero de 2023 de los planes hidrológicos de cada demarcación para el periodo 2022-2027, corresponde ahora ajustar los PES a dichos planes que constituyen su marco de referencia, incorporando además todas las mejoras que se han podido identificar con la experiencia de su aplicación en los últimos años.

Con esta revisión y mejora de los PES se afrontarán con mayor garantía los problemas coyunturales derivados de estos episodios de sequías, características del clima mediterráneo, y cuya frecuencia e intensidad tiende a aumentar en el contexto de cambio climático.

Los PES contienen tres elementos esenciales sobre los que se centran, principalmente, las mejoras consideradas. El primero de estos elementos es un sistema de indicadores hidrometeorológicos que permite valorar objetivamente la situación natural respecto de la sequía prolongada y la escasez coyuntural que dificulta la atención de las demandas de agua. Los diagnósticos de este sistema de indicadores se publican mensualmente en las páginas web del Ministerio.

El segundo elemento lo constituyen las acciones de gestión coyuntural que permitan mitigar los efectos de la sequía en los distintos territorios. Y el tercero es la coordinación de los planes de emergencia de los sistemas de abastecimiento urbano, especialmente los que atienden a más de 20.000 habitantes, que las autoridades locales deben establecer y revisar.