Entra en vigor la nueva PAC, que afecta a unos 40.000 agricultores en Córdoba

El año 2023 ha empezado para el sector agrario con la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Comunitaria (PAC), la norma que regulará la gestión del medio agroganadero de la Unión Europea entre los años 2023 y 2027. Es una norma que ha contado con la oposición frontal de gran parte del sector, que considera que se ha diseñado «sin contar con la opinión de los principales afectados», que son los agricultores y ganaderos. En España son unos 650.000 los beneficiarios de las ayudas que pone en marcha la nueva PAC y en la provincia de Córdoba la cifra ronda los 40.000.

La Unión Europea considera esta nueva norma como la más ambiciosa de su historia. En ella tiene un gran peso la perspectiva medioambiental con la puesta en marcha de los ecorregímenes (o ecoesquemas), que imponen numerosas exigencias a los productores para recibir las ayudas incluidas en este ámbito. Otro de los cambios importantes incluidos en el nuevo texto es el de la reducción de las regiones productivas, que ha pasado en España de 50 a 20 que, en concreto en Córdoba, afectará sobre todo al olivar.

Así, en lo que se refiere a novedades, destacan, como ya se ha citado, el incremento de los objetivos medioambientales, algo que tendrá un peso importante a la hora de distribuir los fondos, pues impone a los productores agrarios una serie de condicionantes para que se puedan acoger a este bloque de incentivos, requisitos que, según las organizaciones agrarias consultadas, supondrán tal esfuerzo económico para las explotaciones que no harán rentable adherirse a ellas. 

Cubierta vegetal

Entre las actuaciones que se primarán figuran la rotación de cultivos y las obligaciones de barbecho, así como la obligatoriedad de poner en práctica la cubierta vegetal, algo que no en todos los terrenos será posible materializar. Incluye también la nueva PAC la condicionalidad social de las ayudas, que viene a reconocer a aquellos agricultores y ganaderos que, de forma voluntaria en 2023 y obligatoria a partir de 2025, adopten medidas vinculadas al respeto a los derechos laborales. A ella hay que unir la condicionalidad reforzada, basada en una serie de requisitos legales que hay que cumplir para poder cobrar esta parte de las ayudas y que se refiere al uso responsable de fitosanitarios y fertilizantes, cuyo manejo debe ser registrado, a partir del año que viene, en el denominado «cuaderno de explotación».

Otra de las nuevas propuestas es la del pago redistributivo, que pretende compensar las ayudas de modo que se beneficien en una mayor medida las pequeñas explotaciones. También incluye un programa de ayudas para la incorporación de jóvenes y mujeres al sector. 

La PAC se sustenta sobre dos pilares fundamentales. El primero de ellos centrado en las ayudas directas y medidas de mercado y el segundo, vinculado al desarrollo rural, que tiene como finalidad la potenciación en el medio rural de otras actividades de dinamización económica y social distintas a las propiamente agrarias. 

De espaldas al sector

Una de las quejas que más han venido manifestando las organizaciones agrarias respecto a esta nueva PAC es que «se ha hecho de espaldas al sector», según apuntan tanto el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, como la secretaria provincial de COAG, Carmen Quintero, que son las dos organizaciones que hacen una valoración más negativa de la nueva norma. 

Ambas organizaciones solo ven aspectos negativos en la misma, de los que destacan la reducción de las regiones productivas, en el caso de Asaja, o la poca ayuda para la incorporación de los jóvenes a la actividad, como apuntan desde COAG. Asaja, además, cree que la nueva PAC supondrá una pérdida de unos 100 millones de euros en ayudas para la provincia. Por su parte, Miguel Cobos, secretario general de UPA en Córdoba, en este sentido es menos pesimista, pues considera que, si bien es cierto que habrá algunos agricultores que recibirán menos, habrá también, sobre todo titulares de explotaciones de menor envergadura, que se beneficiarán. 

En este aspecto incide el pago redistributivo, que fija techos de ayudas a algunos perceptores, algo que antes no existía, apunta.

En lo que sí están todas las organizaciones consultadas de acuerdo es en los ecoesquemas. Coinciden en apuntar que para el importe que se puede recibir en este concepto son excesivas y casi inabarcables las exigencias, por lo que, señalan, muchos agricultores no las solicitarán. Tampoco comparte la mayoría del sector el aumento de la burocracia y la obligatoriedad de la gestión digital de los trámites, algo que, consideran, no todos los agricultores pueden llevar a cabo, indica Fernández de Mesa.

Carmen Quintero se queja, además, de que «faltan mecanismos de control de los mercados» que impidan que entre producción de terceros países sin cumplir las exigencias impuestas para los europeos. 

Los plazos

La entrada en vigor de la PAC altera el calendario de tramitación. Del 1 al 31 de mayo será para la solicitud única. El día 15 de junio termina el plazo para presentar las modificaciones. El día 31 de agosto culmina el periodo para que los agricultores y ganaderos que han recibido la notificación sobre incidencias en su solicitud puedan presentar las modificaciones. Entre los días 16 de octubre y 30 de noviembre, las comunidades autónomas que lo decidan podrán iniciar el pago de los anticipos de las ayudas correspondientes a la PAC del año 2023.