La Junta de Andalucía mantiene su compromiso por defender y proteger las políticas sociales y el desarrollo de medidas de protección a la población más vulnerable frente a los intentos de desmantelamiento que está sufriendo el sistema de servicios sociales y de atención a la dependencia. Desde el inicio de la Ley de Dependencia, Andalucía ha invertido casi 8.000 millones en este ámbito y en el 2015 la Junta mantendrá la estabilidad y crecimiento del sector hasta alcanzar los 45.500 empleos. Hasta ahora, Andalucía ha favorecido el mantenimiento de más de 43.300 empleos en dependencia, generando a su vez, importantes retornos económicos (vía fiscalidad y cotizaciones sociales); laborales (mantiene y crea empleo) y sociales, que lo configuran como una auténtica inversión social.
Esto es posible por que, por ejemplo, 6,1 de cada 10 prestaciones están relacionadas con los servicios, superando la media nacional. Cuatro de cada 10 son prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar, propiciando un empleo estable y no deslocalizable. El sistema de atención a la dependencia en Andalucía posibilita no sólo la generación de empleo, sino de trabajo que afianza a la población en el territorio. En esta línea, la Junta apuesta por los ayuntamientos como puerta de entrada a la dependencia, a pesar de la reforma de la Administración Local del Gobierno central. Esto es posible gracias al desarrollo de un sistema de trabajo cooperativo, demostrándose como un instrumento eficaz de prestación de servicios cercanos a la ciudadanía. Y todo ello sin aplicar un copago adicional a la Ley de Dependencia, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras comunidades.
En la actualidad, hay 159.285 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia en Andalucía (22% del total nacional), estando casi cuatro puntos porcentuales por encima de su peso poblacional, que es del 18%.
Una de cada 4 prestaciones por dependencia en España se dan en Andalucía. 214.922 prestaciones. Son datos que avalan que la comunidad ha seguido liderando el sistema de atención a la dependencia. Por servicios, la teleasistencia se presta a 51.990 personas en situación de dependencia, el 45% del total nacional de personas beneficiarias. Con una inversión de 174 millones de euros desde sus inicios en el 2001 y más de 20 millones de euros en 2014, se pone de manifiesto el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía en teleasistencia, un servicio que no recibe ningún tipo de financiación estatal.
Por otro lado, el 36% de las personas beneficiarias que reciben servicio de ayuda a domicilio en España residen en Andalucía, cerca de 42.376 personas, lo que se traduce en más de 2 millones de horas/mes. 12.756 personas disfrutan del servicio de centro de día en Andalucía (18% del total nacional). Andalucía es la segunda comunidad autónoma en número de personas beneficiarias de una plaza de atención residencial, con 20.752 personas.
De otro lado, desde el 1 de enero de este año se han realizado 60.286 nuevas valoraciones por parte de los profesionales de la Junta, que suponen el 95% del total de solicitudes presentadas y han sido dadas de alta 11.356 nuevas personas beneficiarias que están disfrutando de 15.315 prestaciones.
ESFUERZO En Córdoba, en lo que va de año se han valorado 8.996 solicitudes. Un esfuerzo que se traduce en la incorporación de 2.292 personas al sistema de atención a la dependencia. Hasta el 30 de septiembre, la provincia de Córdoba contaba con más personas beneficiarias que comunidades como Islas Baleares, Cantabria, Canarias, Navarra o La Rioja.
Por otra parte, tras publicarse en el 2014 una nueva orden por la que se regula la concertación y reserva de plazas en los centros de personas mayores y personas con discapacidad, en la provincia de Córdoba la media de ocupación de plazas residenciales es del 88,75%. En Córdoba existen actualmente 5.367 plazas concertadas con la Consejería en los diferentes servicios que oferta el sistema de atención a la dependencia.
El objetivo de esta nueva orden es ocupar cuantas más plazas sea posible, para que con el mismo presupuesto, más personas puedan disfrutar del recurso. Unos datos alcanzados pese a que desde el Gobierno Central se han venido aplicando medidas drásticas de recorte que han supuesto la asfixia económica a la Ley de Dependencia y, en particular, al Gobierno Andaluz, que cuenta con el mayor peso en su gestión y que se traducen en 400 millones de euros menos para Andalucía desde el 2012.
