El Gobierno andaluz ha aprobado hoy el proyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada, norma pionera en España que entre otras medidas exige a los restaurantes disponer de menús saludables y el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.
Se trata de la primera vez que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad, un problema que afecta en Andalucía a un 16,6% de la población adulta, un 23% de la infantil y un 15,2% de las pacientes gestantes.
La ley garantizará el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, de forma que se promoverá la dotación de fuentes en estos espacios y se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos.
En la misma línea, los bares y restaurantes deberán ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.
Además, el proyecto aprobado prevé la creación del Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas.
AUTOCONTROL / A las empresas andaluzas de alimentación se les exigirá que incluyan en sus sistemas de autocontrol la información que suministran al consumidor para asegurar que no promueven, de forma directa o indirecta, una alimentación no saludable o no equilibrada.
La consejera de Salud, Marina Álvarez, destacó en rueda de prensa que se ha otorgado el «máximo rango normativo a la lucha contra la obesidad», y se felicitó de que Andalucía haya dado «un paso adelante» en el refuerzo de los derechos ciudadanos.
La consejera incidió en que esta norma, que se remitirá ahora al Parlamento, sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, empresas, medios de comunicación y empresas de publicidad.
Para hacer efectivo el derecho a una vida saludable se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración y tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares.
SANCIONES / La ley, que contiene un apartado de sanciones, incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años. De este modo, se evitará incentivar el consumo inmoderado de productos hipercalóricos, usar argumentos o técnicas que exploten la ingenuidad de los menores.
El texto limita la publicidad de bebidas y alimentos envasados en centros educativos y especifica que los que se vendan no podrán sobrepasar un valor energético de 200 kilocalorías, no tendrán un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal o azúcares o no contendrán cafeína u otras sustancias estimulantes.
