En este caso, el sistema ha demostrado su efectividad, y el Tribunal Supremo no ha tenido ningún problema en condenar al Consejo General del Poder Judicial nada más y nada menos que por discriminación. El CGPJ deberá pagar 4.100 euros a una magistrada a la que cesó como analista de jurisprudencia por entender que, por su embarazo, no cumpliría su función con la rapidez necesaria. La decisión se le comunicó al marido, porque en ese momento ella estaba ya en el paritorio.