Solo han transcurrido 40 días del nuevo año y ya han sido asesinadas en España ocho mujeres víctimas de agresiones de carácter machista. De nuevo avanzamos a un ritmo insoportable en una negra estadística que en el 2016 registró 44 muertes violentas. Las escalofriantes cifras, tras las que se hallan dramas concretos con nombres y apellidos, confirman las deficiencias de la ley integral contra la violencia de género, aprobada en el 2004, sobre todo al detectar y prevenir situaciones de riesgo que derivan muchas veces en tragedia. Reclama ahora el ministro del Interior un pacto de Estado contra esta terrible lacra que nos avergüenza como sociedad. Pero mientras la maquinaria legal avanza se requieren actuaciones inmediatas que revisen unos protocolos que se revelan tan poco eficaces. Es cierto que a muchas de las víctimas de la violencia machista les cuesta denunciar su situación, pero también resulta inaceptable que en el 36% de los asesinatos del año pasado había una denuncia por medio y aun así ni la justicia ni los cuerpos de seguridad pudieron salvar a la mujer amenazada. La inversión en la lucha contra este tipo de terrorismo tampoco está a la altura de la prioridad que la magnitud de la tragedia requiere. La propuesta de pacto general de todos los grupos políticos debe transitar por la vía más rápida posible hasta su aprobación y aplicación con el presupuesto necesario. No hay tiempo que perder.
