El Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21, vuelve ver su futuro con angustia tras conocerse que el Ayuntamiento ha "desechado" el proyecto Rabanales Plaza, una iniciativa privada encaminada a edificar un centro comercial y de servicios tanto para el propio parque como para el campus universitario de Rabanales. Esta operación supondría para R21 una inyección de liquidez, con la venta de una parcela de 39.000 metros cuadrados, a la que se suma el tirón que el movimiento de un centro comercial podría ejercer sobre otras empresas, animando la ocupación de parcelas. Rabanales Plaza promete invertir 30 millones de euros y crear 400 empleos.

El proyecto había salvado la aprobación inicial de la necesaria innovación del PGOU, acordada en Pleno en enero del 2015, y contaba con un informe favorable de la Junta de Andalucía, aunque condicionado a un hecho que hoy no puede darse: que la ciudad llegue hasta Rabanales 21, es decir, que existiera la Ciudad de Levante, paralizada durante la crisis. El nuevo equipo de gobierno municipal PSOE--IU no apoya el proyecto y, aunque no lo ha comunicado oficialmente --generando un impasse muy ingrato para los promotores--, tanto el presidente de Urbanismo, Pedro García, como la alcaldesa, Isabel Ambrosio, se han manifestado en contra. García señala que en Córdoba no hay cabida para más grandes superficies y defiende al pequeño comercio: Ambrosio ofrece su ayuda a R21 para que renegocie su deuda, amplíe la presencia pública en su accionariado y ponga en marcha un plan de viabilidad. Y es que la deuda ronda los 18 millones de euros.

En Rabanales 21 se vive este cambio de criterio municipal con preocupación, y se entiende que el proyecto Rabanales Plaza sería equiparable a las dotaciones comerciales y de servicios de otros parques tecnológicos. Presidido por la Universidad de Córdoba, que cuenta con el 24,74% de la participación, Rabanales 21 tiene entre sus accionistas a la Junta (20%), Ayuntamiento (4,38%), Diputación (0,88%), Caixabank (35,49%), Cajasur (10%) y Grupo Prasa (4,51%), una composición suficientemente dispersa que obliga a tomar decisiones colegiadas, pero que también dificulta el liderazgo. De hecho, se palpa en el aire la tensión institucional y el extremo cuidado con el que se aborda el problema, hasta en la defensa de los propios intereses del complejo.

Sin embargo, se impone, como dijimos ya en ocasiones anteriores, actuar para no dejar morir un instrumento que puede ser muy útil para Córdoba. Se requiere en este asunto flexibilidad, pero no improvisación, sino un estudio riguroso de los pasos a dar. Y si hay que incorporar servicios complementarios como en otros parques tecnológicos, que sea fruto de una buena planificación. Quizá haya que redimensionar el proyecto comercial y el propio parque (66 hectáreas son muchas) y redefinir sus objetivos, pero no renunciar a él ni dejarlo caer. Y habrá que actuar pronto, pues está en juego su supervivencia.