Poco a poco se van conociendo más detalles del sumario de la operación Rocket, en la que fue detenida e imputada la exalcaldesa de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, acusada de varios delitos, la mayoría de ellos por falsedad documental y fraude en las subvenciones, casi todas ellas procedentes del Plan Miner.
Uno de estos casos desvelados con el levantamiento del sumario son las presuntas irregularidades cometidas en el proceso de dotación de servicios urbanísticos en el polígono industrial Vega Currillo. El proyecto consistía en la dotación del abastecimiento de aguas, estación depuradora, suministro de telefonía y electricidad. Para ello se recibió una subvención de 1.899.500 euros. El proyecto fue redactado por Alfa Sur Ingenieros y Urbanistas y la obra fue adjudicada en concurso abierto a Urpaca. La empresa municipal Pivag fue la encargada de la gestión del proceso y de contratar para la redacción a Alfa Sur.
Existe un documento del 12 de febrero del 2008 que señala que la redacción del proyecto y el importe del contrato por todos los conceptos asciende a 29.500 euros. Sin embargo, en otro de septiembre del 2009, "se hace constar que el importe total para llevar a cabo los estudios geotécnicos, levantamientos topográficos del trazado, gestión del proyecto, etcétera tiene un coste de 140.000 euros" y se señala que no hay constancia de que la empresa haya participado en un concurso público.
En cuanto a la adjudicación de la obra a Urpaca, según aparece en el atestado, se hizo por concurso público. Sin embargo, en la documentación que maneja el juez se recoge que se "ha encontrado el pliego de condiciones técnicas", firmado por un técnico municipal, que también "se ha encontrado el pliego de condiciones administrativas particulares y el acta de la mesa de contratación para la adjudicación de las obras, si bien ambos documentos se encuentran sin firmar" y añade que "no se ha encontrado ninguna de las ofertas presentadas por las empresas concurrentes". Además, existe otro documento en el que se hace constar que el procedimiento ha sido "abierto y urgente", aunque tampoco se ha encontrado la declaración de urgencia debidamente motivada.
El contrato se firmó el día 30 de abril del 2009 entre la alcaldesa, Luisa Ruiz, y la empresa, por un importe de 1.835.651,28 euros y tenía un plazo de ejecución de 9 meses, aunque se ejecutó en 15 meses, sin que el Ayuntamiento aplicara la cláusula de penalidad recogida en el contrato.
