Los alcaldes de Adamuz y Villafranca, Manuel Leyva y Francisco Javier López, respectivamente, han salido al paso de las declaraciones del vicepresidente primero de la Diputación, Salvador Fuentes, en las que anunció el traslado a la Fiscalía de una auditoría sobre la gestión del Grupo Cinco entre 1996 y 2008, en la que implica a ambos ediles. Los regidores aseguraron que "se ha utilizado sesgadamente un informe pagado con dinero público para hacer daño en campaña electoral" y que estudian "acciones civiles y penales" por dichas declaraciones, "por injurias y calumnias, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, infidelidad de la custodia, violación de secretos y abuso en el ejercicio de la función".

El alcalde villafranqueño niega haber actuado con trato de favor a sus familiares y asegura que los trámites se iniciaron en 1996, cuando no era alcalde, y que en dicho procedimiento se incluyeron unos terrenos de su familia procedentes de una herencia "que no llegaban ni al 9% de las casi 22 hectáreas afectadas". López se sorprendió del uso de la Fiscalía, "y si fuese cierto que actuara en base al informe de los servicios jurídicos de la Diputación, lo que debería hacer es presentar una demanda ante el juzgado en vez de al fiscal".

Por su parte, Manuel Leyva aclaró que los acuerdos fueron firmados entre los propietarios y el Grupo Cinco "y el Ayuntamiento de Adamuz no participó en ellos". Asimismo, apuntó que todos los propietarios afectados firmaron el mismo acuerdo, "por lo que se no se puede hablar de ningún tipo de preferencia de unos sobre otros o trato privilegiado". Los acuerdos fueron con un total de 21 propietarios "y todos firman el mismo acuerdo", esgrime.

Añade que cuando se rubricaron el Ayuntamiento no pertenecía al grupo Cinco, "por lo que yo, como alcalde de Adamuz, no participé en ninguna toma de decisiones de las que pudieran haber aprobado los acuerdos entre los propietarios y el citado grupo". Matiza que la auditoría, de manera literal, deja claro que "no hemos identificado que el contrato de permuta se formalizase en unas condiciones más ventajosas".

Concluye que los terrenos se calificaron como urbanizables en 1995, cuando gobernaba IU, "por lo que el equipo de gobierno socialista no ha participado en ningún proceso de cambio de rústico a urbano y los instrumentos de planeamiento (plan parcial, estatutos de la junta de compensación) son aprobados por unanimidad (PSOE, PP e IU) por el Pleno".