Agredir a un médico, enfermero, celador o cualquier otro profesional de la sanidad se considera atentado a la autoridad desde que se reformó el Código Penal que entró en vigor en febrero. Ya antes, en el 2006, el Colegio de Médicos de Córdoba consiguió el compromiso de la fiscalía para que estos casos se calificaran como atentado. Quien vulnera el artículo 550 se enfrenta a penas que oscilan de uno a cuatro años de prisión y será superior si se emplea un arma u objeto peligroso, como en el caso de Moriles, pues el agresor (enviado por el juez a prisión) le produjo cortes en el brazo a la víctima con una navaja. Este sujeto ya protagonizó el año pasado un altercado en el mismo centro de salud, según fuentes del Colegio de Médicos.
Números muy altosa pesar del castigo
Las agresiones se siguen cometiendo aunque se consideren delito. El 2014 se cerró con 95 agresiones (77 de ellas verbales), mientras que en el 2013 se registraron 79. Uno de los peores años fue el 2011, con 143 episodios violentos. El Colegio de Médicos de Córdoba lleva contabilizadas cinco agresiones a facultativos en lo que va de año; siete se registraron en todo el 2014 y cuatro en el año anterior. Hasta 30.000 profesionales sanitarios españoles sufrieron algún tipo de agresión entre el 2008 y el 2012, según el Ministerio de Sanidad. La Organización Médica Colegial (OMC) creó hace años un observatorio de ámbito nacional que elabora informes anuales en los que analiza el porqué de esta cuestión.
La causa principal de la agresión (ya sea física o verbal) es la discrepancia en la atención (30% de las ocasiones), seguida del tiempo en ser atendido (12%), discrepancias personales (11%) y no recetar el medicamento propuesto por el paciente (9%). El perfil del agresor es variado, aunque el paciente programado, el que tiene cita, supone el 36% del total. A corta distancia están familiares y acompañantes (31%) y les siguen los pacientes sin cita (18%) y los usuarios del centro (15%).
No todos los altercadosse denuncian
Una agresión supone también la apertura de una investigación policial. Aunque el 82% de los casos acaban con lesiones, solo el 60% de las veces se abren diligencias y solo el 53% llega a juicio. Uno de los mayores problemas es que la denuncia se interpone en el 66% de estos episodios y el porcentaje restante queda sin respuesta penal.
Cursos y botonesantipánico
La Junta de Andalucía puso en el 2005 en marcha el Plan de Prevención contra las Agresiones. Además de cursos para gestionar las situaciones conflictivas, la Consejería de Salud ha instalado en los ordenadores la aplicación botón del pánico, una alarma silenciosa que avisa a los compañeros del centro de que se está produciendo una situación de peligro potencial. En las instalaciones sanitarias de Córdoba hay colocadas 442 cámaras de seguridad y 435 timbres en consulta; también hay habilitadas 232 salidas alternativas. El personal que depende del Servicio Andaluz de Salud (SAS) dispone de 47 interfonos y 345 teléfonos y las ambulancias están dotadas de 126 dispositivos GPS para localización y 115 timbres de alarma.
Animos crispados ysituaciones conflictivas
"Estamos para ayudar a todo el que aparece por la puerta y vamos a tranquilizarnos todos un poco porque no podemos estar siempre a la greña". Rosa María Martín, secretaria general del Colegio de Médicos de Córdoba, señala que la OMC ofrece "formación para el manejo de situaciones conflictivas" y también "para comunicar malas noticias, porque no todo el mundo reacciona igual". Añade que "cada vez la gente está más alterada y hay situaciones muy complicadas" y que "es más conflictivo el servicio de Urgencias". "La Policía suele acudir inmediatamente, pero el susto te lo llevas", dice esta médica. Por eso cree que "hay que controlar la agresividad, que no lleva a ningún sitio".
