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REPORTAJE

Silenciadas por partida doble

Laura Ortiz ha estudiado y digitalizado 7.000 documentos para rescatar testimonios que primero callaron los golpistas y después, la historia

 

Muro de la Memoria en el cementerio de La Salud de Córdoba. - CÓRDOBA / ARCHIVO

Araceli R. Arjona Araceli R. Arjona
21/06/2018

133 expedientes de cordobesas represaliadas rescatados del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. Más de 7.000 documentos digitalizados y 8 meses de investigación. Ese es el resumen del trabajo realizado por Laura Ortiz, historiadora y familiar de represaliado, por encargo de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía. «La mayoría de los casos que he estudiado, salvo algunas maestras, eran mujeres analfabetas, algunas firmaban incluso con el dedo, unas tenían afiliación política y otras simplemente fueron víctimas del revanchismo a partir de 1939», explica. Entre los expedientes destaca el caso de Patrocinio, una mujer de Fuente Obejuna que se atrevió a dar la cara por la causa ante un tribunal. «Yo acogí al rojo sin saber que lo era, pero de todas formas soy roja y lo seguiré siendo y ojalá triunfe la República», recoge su declaración, que deja ver, según Ortiz, su desconocimiento sobre la fuerza represora y su confianza en que aquel golpe de estado no triunfaría. Patrocinio fue absuelta por el delito, pero la dejan presa por las declaraciones que hizo ante el tribunal que la juzgó. También recuerda Ortiz un caso sospechoso, el de las hermanas Alcántara Calvo, que fueron encarceladas con 53 y 60 años, respectivamente y condenadas a una pena de 30, pero murieron poco después de ingresar con una diferencia de días la una de la otra. «El 11 y el 16 de diciembre, una de paro cardiaco, de la otra ni siquiera hay parte de defunción, lo que deja ver no solo las malas condiciones de las cárceles y los malos tratos que sufrían en ellas las mujeres», explica. Carmen Aranda, de Hinojosa del Duque, fue condenada a muerte por acusar al padre del denunciante de pertenecer al bando sublevado, señala la investigadora, que subraya el hecho de que se juzgaran incluso actos ocurridos antes del golpe de estado, cuando la legalidad vigente era la República, «por rencillas o deseos de venganza de los vencedores».

Aunque muchos de los casos juzgados fueron sobreseídos, otras muchas fueron ajusticiadas o encarceladas injustamente durante años.

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