Los propietarios de viviendas ilegales se han encontrado esta semana con novedades respecto a un problema que se eterniza y que la Junta tiene muy presente, ya que es una realidad urbanística en toda Andalucía. Cuando falta poco para que se cumplan dos años de la entrada en vigor del decreto sobre edificaciones en suelo no urbanizable, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirige la cordobesa María Jesús Serrano, ha mostrado su disposición para estudiar las dificultades que presenta en su aplicación práctica con el fin de introducir los cambios que hagan falta para que tenga los efectos esperados. No obstante, los colectivos que representan a los afectados van mucho más allá, quieren cambios profundos, pero en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y, sobre todo, soluciones definitivas. Sin embargo, la consejera ha advertido también en una comparecencia en el Parlamento que el problema es complejo y que no hay soluciones mágicas ni únicas.
Avanzar, pero no acualquier precio
La Junta pretende avanzar en la regularización de viviendas pero no a cualquier precio. Así lo manifestó la consejera de Medio Ambiente en el Parlamento el miércoles, donde se comprometió a estudiar medidas para facilitar la regularización del mayor número de viviendas posible, pero siempre dentro del marco legal existente y sin generar costes a las administraciones públicas. Es más, la consejera mostró su voluntad de diálogo con los ayuntamientos para ayudarlos en la aplicación del decreto del 2012 y para introducir las correcciones necesarias en el mismo dentro del marco jurídico existente y en caso de que hubiera que hacerlas. Medio Ambiente es consciente de que el decreto es una norma viva y compleja que se puede prestar a interpretaciones o tener dificultades a la hora de aplicarlo. A raíz de esto, la Gerencia de Urbanismo de Córdoba ha ofrecido a la Junta su colaboración para buscar lo que demandan los vecinos, que, entre otras cosas, piden la dotación de servicios básicos, e impulsar la legalización. Su propuesta es basarse en las personas y en la vivienda habitual.
De amnistía general,nada de nada
La consejera ha realizado esta semana otra advertencia. No habrá amnistía para todas las viviendas que están fuera de ordenación ni legalizaciones en espacios especialmente protegidos. Esto significa que a pesar de los cambios que se introduzcan en el decreto y de la intención de la Junta de regularizar las que sean posibles, se quedan fuera las situadas en zonas inundables o protegidas. En Córdoba hay tres grupos de parcelaciones que, a priori, lo tienen peor, las inundables --que se concentran en el entorno del aeropuerto principalmente--, las de la Sierra y las de la zona BIC de Medina Azahara, aunque las administraciones siempre han instado a ver caso por caso.
De lo previsto, a lorealmente realizado
Cuando la Junta aprobó el decreto, calculó que con ayuda del mismo se legalizarían el 10% de las casas de suelo no urbanizable, se reconocería la situación del 80%, quedando solo un 10% bajo la amenaza del derribo al no haber prescrito el delito urbanístico. Sin embargo, han pasado dos años, se han dado algunos pasos pero el decreto no ha dado aún todos los frutos esperados. La consejera dijo en el Parlamento que hay seis avances de planeamiento en trámite de municipios de Córdoba y tres aprobados. Por otro lado, en la capital, solo se ha otorgado la figura de Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), que recoge el decreto y que permite la inscripción en el Registro y la dotación de servicios básicos con condicionantes, a un cortijo anterior a 1975. Urbanismo ya ha realizado una innovación del PGOU para incorporar la figura del AFO, ha realizado un inventario con 4.334 edificaciones en suelo no urbanizable y ha establecido los requisitos de habitabilidad que deben tener las viviendas para ser declaradas AFO --figura que no las legaliza--.
Los afectados quierencambios profundos
La plataforma de Afectados por las Inundaciones cree que la clave está en reformar la LOUA y que lo demás son "parches" al quedarse atrás las zonas inundables y protegidas. Además, la meta es legalizar. La mesa de trabajo de El Higuerón también piensa que hacen falta cambios normativos y reducir los trámites burocráticos. La mancomunidad de juntas de compensación de urbanizaciones en vías de regularización, Alamiriya, apuesta también por modificar la LOUA para facilitar la regularización de todas las edificaciones pendientes de legalizar. Córdoba Extrarradio va más allá, pide que no se aplique la LOUA, que considera injusta. Además, asegura que los costes de la regularización --otro caballo de batalla-- son inasumibles.
