Más información sobre el tema del juez Garzón en la página 33
La fosa común del cementerio de la Salud de Córdoba continúa cerrada. De nuevo, muchas personas han visto frustradas las esperanzas de encontrar los restos de sus familiares represaliados por el franquismo. La inhibición de Garzón complica un poco más el proceso judicial, ya que el magistrado de la Audiencia Nacional ha delegado la tarea a los jueces de cada municipio.
El presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Eduardo Baena, explicó ayer que aún es muy prematuro saber qué va a ocurrir e indicó que habrá que esperar a que llegue al decanato la resolución de Garzón. Cuando eso ocurra, se asignará a alguno de los juzgados cordobeses y serán ellos quienes archiven o no la causa.
Habría que recordar que Garzón envió un exhorto (un auxilio administrativo) en el que se solicitaba información acerca de la fosa de la Salud. Dicho exhorto lo atendió el juzgado de Instrucción 6, que ayer confirmó a este diario que no seguirá con las diligencias porque entiende que se ha paralizado el proceso.
La vía judicial se complica y la administrativa se escuda en ella. Fuentes judiciales consultadas insisten en que el Ayuntamiento de Córdoba puede autorizar la apertura de la fosa "sin una orden judicial". El Consistorio, por su parte, ha argumentado que debería ser un juez quien le diga cómo se debe proceder en estos casos. Esta actitud le ha valido hasta una querella por prevaricación contra la alcaldesa, Rosa Aguilar. Se la puso Antonio Gutiérrez, nieto del diputado fusilado en Córdoba, Luis Dorado. Ayer, en declaraciones a Efe , dijo que el último paso de Garzón deja a las familias en el "limbo".
Por su parte, la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, garantizó ayer en Jerez que la Junta hará todo lo posible para aplicar la Ley de la Memoria Histórica, pero lo cierto es que se han abierto a instancias de la Administración andaluza --el caso de Sevilla-- también se han paralizado por falta de presupuesto.
Una de las fosas que está siendo estudiada es la del cementerio de San Rafael (Málaga). Allí fue el Ayuntamiento de la capital malagueña, del PP, el que impulsó la apertura de la fosa con ayuda de la Junta. Si bien es cierto que la coyuntura --se están traslando al nuevo cementerio de San Gabriel-- facilita la operación. Con todo, las palabras de Antonio Gutiérrez adquieren un sentido casi literal. Las fosas comunes de Córdoba esperan justicia sumidas en el limbo.
