La delegada de Educación de Córdoba, Esther Ruiz, reiteró ayer la postura de la Junta de Andalucía en relación con la educación diferenciada tras conocerse que el Tribunal Constitucional no ha admitido la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJA ante la situación planteada por una disposición de la Ley de Presupuestos del 2013 que afectaba a los conciertos de 12 centros, tres de ellos de Córdoba que segregan niños y niñas. "El modelo segregador al que se opone la Junta viene amparado y blindado por la Lomce", señala, "una ley educativa que tiene los días contados". En opinión de Ruiz, "todos los grupos políticos se han comprometido a tumbar esta norma, que ha contado con el rechazo unánime de toda la comunidad educativa (padres, profesores, alumnos, centros-) y que solo ha sido defendida por el PP", dijo, al tiempo que insistió en que "la educación no puede discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra condición" por lo que "Andalucía seguirá trabajando por afianzar la escuela mixta y coeducativa".
Los centros cordobeses afectados por la decisión del Constitucional (Zalima, Yucatal y Torrealba) no quisieron valorar la inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad y se remitieron al comunicado de la Federación Andaluza de Centros de Enseñanza Privada (CECE-A), que ha mostrado su "doble satisfacción" por las sentencias del TC que, por un lado establecen que "las leyes tienen que ser aplicadas y respetadas por las administraciones públicas, gusten o no, ya que así funciona nuestro Estado de Derecho", y porque suponen un "respaldo" a la normativa vigente relativa a la educación diferenciada. Por su parte, la plataforma Mis padres deciden reclamaron ayer "un pacto estatal, diferenciado de ideologías políticas, que garantice el derecho de las familias a elegir un modelo educativo, sea público o concertado, mixto o diferenciado".
