El vertido de Oleícola El Tejar al río Guadalquivir, que se produjo el pasado mes de junio, ha entrado en el terreno de la crítica institucional y política pese a que el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, Francisco de Paula Algar, describió ayer como «excelente» la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A raíz de las declaraciones realizadas el jueves pasado desde el PP -entre otras ideas, el parlamentario andaluz Adolfo Molina afirmó que la Junta es la «competente y responsable» de lo ocurrido- Algar criticó ayer que la CHG no haya facilitado la información sobre este siniestro que Medio Ambiente le ha solicitado hasta en dos ocasiones, pese a que desde esta delegación sí lo hicieron cuando este organismo estatal se lo pidió para elaborar su expediente, por lo que reclamó, en alusión al PP, «que no nos acuse a la Junta de que no colaboramos».

De este modo, el delegado de Medio Ambiente opinó que los populares tratan de «culpar a la Junta por responsabilidades que no son tales», y abundó en que el Gobierno regional «tiene competencia en la autorización ambiental unificada que se otorga a la empresa y la autorización de balsa, que es de Agricultura», puntualizando que «estaban en vigor y correctas». Este responsable territorial hizo hincapié en que «si hay un accidente no lo produce la Junta, sino en el ámbito de la empresa», y cuando el vertido llega al cauce del Guadalquivir «la competencia exclusiva es de la CHG, que es la competente para tomar las medidas adecuadas para minimizar el daño». También señaló que «el Gobierno ha explicado cuatro meses después las medidas que ha tomado, quizá debería explicar también si han sido las más adecuadas, porque hubo voces discordantes». La Junta de Andalucía ha calificado los hechos como «muy graves» y ha iniciado un expediente sancionador.

Por su parte, el jefe de zona de la CHG en Córdoba, Pedro Escribano, no pudo confirmar ayer si se remitieron los datos aunque se comprometió a hacerlo en los próximos días. Escribano detalló que en el caso de este organismo siguen investigando lo sucedido y destacó que «en principio, se supone que habrá sanción», recordando que, a su juicio, «como poco (la infracción) sería grave».