Dicho y hecho. ¿Que el alcalde y el gobierno municipal hablan mal de la Acampada Dignidad, que llama anarcoides a sus artífices, que los imputan y piden al juez el desalojo del antiguo colegio Rey Heredia? Pues la Acampada Dignidad se planta en el Ayuntamiento y les canta las cuarenta. Lo tienen claro. A estas alturas de la película, después de reformar y pintar el edificio, de abrir un comedor social, una biblioteca, de recopilar la ayuda de todo el barrio y de ofrecer talleres y clases particulares a los más desfavorecidos, no están dispuestos a que las reivindicaciones de los colectivos que tienen sede en este centro social ni las actividades que tienen lugar allí se paralicen o pasen desapercibidas. Por eso, pidieron intervenir en el último Pleno ordinario del año (lástima que hubiera un fallo de forma que descabalgó la petición) y por eso también se llevaron a la puerta del Consistorio la olla y los platos del comedor social, donde decenas de usuarios habituales comieron cocido ante la mirada vigilante de otros tantos policías. Según su portavoz, Rafael Juan, el objetivo de la Acampada "no es otro que explicar públicamente qué estamos haciendo en Rey Heredia, cuál es la situación de cientos de familias cordobesas y solicitar al gobierno municipal que en vez de emplear la fuerza y la imposición ante lo que no le gusta, se siente para ver qué solución se le da al uso del edificio". Consideran que "si no nos dedicáramos a reivindicar y a protestar, el Ayuntamiento no sería tan beligerante y que si nos ciñéramos a ser un colectivo que ejerce la caridad, tendríamos su beneplácito".

Mientras en el salón de plenos los concejales no se ponían de acuerdo sobre su turno de palabra, en la puerta del Consistorio se gritaban consignas como ¡Queremos trabajo, no comida! y la Acampada Dignidad repartía panfletos explicando a los viandantes que la cocina abierta del centro social Rey Heredia da de comer a cien personas diarias con la ayuda del comercio y vecinos de la zona. Entre ellos Manuel, Anunciación o Jesús, parados de larga duración que llevan días comiendo allí porque no tienen dinero para comer. En un momento dado de la protesta, ambientada por el suculento olor a puchero, más de una veintena de policías locales procedieron a desalojar a los propietarios de la olla de la vía pública señalando que "en la calle no se puede comer" y que "ya habían tenido tiempo suficiente para expresar su reivindicación". Aunque hubo tensión y negativas iniciales a abandonar el lugar, la Acampada Dignidad optó por disolver la concentración. Finalmente, les fue imposible informar en el Pleno sobre la realidad de Rey Heredia.

Tan solo el grupo municipal de IU solicitó al gobierno municipal que se retire la petición de desalojo y la imputación a ocho personas por la ocupación de espacio público que está en trámite en el juzgado número 4.