La Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales constituyeron ayer la mesa de trabajo en la que aportarán ideas para la gestión del Palacio de Congresos de la calle Torrijos antes de abrirse la licitación. En este encuentro, el debate giró sobre las diferentes apuestas por los modelos público, privado o mixto, aunque todo quedó circunscrito a una primera toma de contacto y no será hasta primeros de mayo cuando cada uno de los participantes concreten sus primeras propuestas y aportaciones. La reunión responde al compromiso adquirido por la Junta el pasado 10 de marzo y en la misma participaron el delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona; el jefe de servicio de Comercio, Crescencio Peñas; el presidente de CECO, Antonio Díaz; el presidente de la comisión de Turismo de CECO, Javier Campos; el presidente de la Cámara de Comercio, Ignacio Fernández de Mesa; el secretario general de UGT, Vicente Palomares, y la secretaria general de CCOO, Marina Borrego.

Al término del encuentro, Manuel Carmona explicó que la Junta «está abierta» a las aportaciones de todas las partes con el objetivo último de que el futuro uso del Palacio de Congresos «sea exitoso, en la seguridad de que solo desde la participación de todos los implicados se obtienen los mejores resultados». El responsable provincial también incidió en que desde la Delegación se ha propuesto una línea de aportaciones «amplia y sin apriorismos», ya que «el correcto funcionamiento de esta infraestructura tiene un impacto directo sobre la importante industria congresual de Córdoba, que afecta a un gran número de sectores».

De su lado, el presidente de CECO calificó la reunión de «positiva» porque la Junta es «consciente del retraso descomunal y quiere contar con la opinión de los agentes sociales y económicos». En esa línea de trabajo, Díaz explicó que se puso sobre la mesa cuál debe ser el modelo para este palacio de congresos «singular» y apuntó que «yo veo dificultades para que pueda ser público». No obstante, añadió que desde CECO «no descartamos nada» y se analizarán todas las posibilidades antes de hacer llegar su propuesta.

Marina Borrego (CCOO) defendió que el Palacio de Congresos «es un espacio público y como tal tiene que estar gestionado, a excepción de la cafetería que se sacaría a concurrencia competitiva». Por su parte, UGT apostó por que el tipo de gestión no fuera tan primordial como que el plan de usos «sirva a la ciudad», según las fuentes consultadas. En próximos encuentros, la mesa valorará los modelos de otros centros de congresos para estudiar su aplicación en Córdoba.