Ayer abrieron de nuevo sus puertas los 199 guarderías o centros educativos del primer ciclo de Educación Infantil en la provincia de Córdoba, a los que asisten 9.576 alumnos de entre cero y tres años de edad.

El curso se ha iniciado en estos centros de esta etapa educativa no obligatoria sin incidencias reseñables, más allá de las exigencias reiteradas de la patronal del colectivo, ya que gran parte de esta formación es impartida por centros privados concertados, del cobro de las asignaciones que la Junta de Andalucía les tiene concedidos, merced a los conciertos de las plazas.

Desde la Consejería de Educación se señala que este año, en toda Andalucía, se han ampliado las plazas ofertadas respecto al año pasado, además de mantener las bonificaciones a las familias. Así, la consejera, Adelaida de la Calle, valoró este incremento de plazas públicas en la escolarización temprana, "etapa que contribuye notablemente tanto al futuro educativo del niño como a la conciliación familiar" y reiteró el compromiso del Gobierno andaluz de ampliar en 12.000 los puestos escolares de este primer ciclo de Infantil a lo largo de la Legislatura.

Según la Junta, nueve de cada diez alumnos de escuelas infantiles tienen plaza bonificada por la Junta. En concreto, añaden, el pasado curso, el 95% del alumnado se benefició de alguna bonificación y el 40,7% de las familias accedió a una plaza totalmente gratuita. Para este año, anuncia la Junta, se mantendrán las bonificaciones así como el precio público, fijado en 278,88 euros mensuales, cantidad que permanece invariable desde el año 2009.

Por su parte, la patronal del sector ha iniciado el curso reclamando que se regularicen los pagos de las asignaciones previstas, ya que, según explicó a este periódico José Luis Vitorio, presidente de la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía en Córdoba, la Consejería adeuda a este colectivo 1,2 millones de euros, aproximadamente, tanto del mes de julio como de agosto, ya que, según señala, la Junta ha ampliado el plazo para abonar las asignaciones, que ahora está fijado en unos 60 días. En similares términos se pronunció Antonio Guerra, de la Asociación de Centros de Educación y Gestión de Córdoba, que añade que ese retraso repercute en el profesorado que tampoco cobra. Hay que tener en cuenta, indican, que gran parte de los docentes de estos centros son autónomos que han constituido una pequeña sociedad para montar la guardería y que dependen de los pagos de la Junta para salir adelante.

Por su parte, los sindicatos han pedido que se vele por el carácter educativo de estos centros, pues, a juicio de CCOO, la Lomce los contempla como centros asistenciales y por su parte, UGT reclama que se convoque la Mesa de la Educación Infantil, que no se ha vuelto a reunir desde diciembre del 2014.